Washington. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sancionó este lunes al sector minero aurífero de Nicaragua, por ser una “pieza importante” que financia al gobierno, en un nuevo intento de aumentar la presión sobre el mandatario Daniel Ortega.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a la Dirección General de Minas (DGM), que gestiona la mayoría de las operaciones mineras en Nicaragua en nombre del gobierno.
“Es una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado en Nicaragua”, afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado.
“Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”, señala.
El objetivo de las sanciones es impedir que el gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo pueda “utilizar las ganancias del oro para oprimir al pueblo nicaragüense”.
El gobierno nicaragüense “ha utilizado este poder para intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción del régimen y para sembrar inestabilidad en todo el mundo”, insiste el comunicado, que menciona la invasión rusa de Ucrania.
Nicaragua fue uno de los cuatro países, y el único latinoamericano, que se alineó con Rusia en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba el intento de Moscú de anexión ilegal de partes de Ucrania.
Más de 200 opositores están presos en Nicaragua desde las manifestaciones de 2018, que el gobierno de Ortega vinculó con un supuesto fallido golpe de Estado promovido por Washington.
La relación entre Estados Unidos y Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional y que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Las arcas del régimen
Este lunes Biden firmó además una nueva orden ejecutiva que modifica la 13851 para ampliar la autoridad del Tesoro.
Concretamente identifica el sector aurífero que el gobierno “utiliza para financiar sus actividades autoritarias y desestabilizadoras” y permite imponer restricciones a determinadas inversiones y relaciones comercialmes con Nicaragua, que pueden afectar tanto a importaciones como a exportaciones.
Biden quiere evitar “que Estados Unidos contribuya a las arcas del régimen corrupto”, afirma la Casa Blanca en un comunicado.
Washington, que ya ha sancionado a decenas de funcionarios y personas del entorno de Ortega, quiere aumentar la presión sobre el gobierno de Nicaragua, que también ha cerrado más de 2.000 oenegés y arremetido contra líderes religiosos y universidades privadas.
“Los continuos ataques del régimen de Ortega-Murillo contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la detención injusta de presos políticos demuestran que el régimen no se considera sometido al estado de derecho”, afirma el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, citado en un comunicado.
Washington también apuntó este lunes contra Lenín Cerna, exsecretario de organización del Frente Sandinista, ex director de Seguridad del Estado del gobierno revolucionario sandinista (1979-1990) y durante años uno de los hombres del círculo de confianza de Ortega.
Cerna trabajó en el Consulado de Nicaragua en Honduras y proporcionó el arma usada en el asesinato de Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza, señala el comunicado.
Citando informes, Estados Unidos sostiene que Cerna está acusado de estar involucrado en numerosos actos violentos, asesinatos y torturas y que como jefe de la Seguridad del Estado bajo Ortega “se hizo famoso y temido como torturador”.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Las nuevas medidas de Biden llegan días después de que la Unión Europea (UE) renovara por un año su paquete de sanciones al país tras un deterioro en las relaciones.