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Iguala, México. AFP. El Gobierno mexicano desplegó ayer fuerzas policiales y militares para tomar el control de la ciudad de Iguala (sur) y esclarecer la suerte de 43 estudiantes desaparecidos hace diez días en ataques conjuntos de agentes y narcotraficantes.
Las autoridades temen que algunos de esos estudiantes estén entre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Iguala el pasado fin de semana, pero piden esperar al resultado de las identificaciones, mientras sigue la búsqueda de los jóvenes.
Los familiares se resisten a creer que los muchachos estén entre los muertos de las fosas y exigen al presidente Enrique Peña Nieto encontrarlos con vida.
El mandatario compareció ayer ante la prensa para comprometerse a castigar a los responsables de unos crímenes que calificó de “indignantes, dolorosos e inaceptables”.
No cabe “el más mínimo resquicio para la impunidad”, subrayó el mandatario al comprometer la colaboración de su gobierno para resolver un caso que conmocionó al país y generó reclamos de Naciones Unidas.
Hacia Iguala. Peña Nieto ordenó el envío inmediato a Iguala, 200 km de Ciudad de México, de militares y policías federales, así como de investigadores y peritos de la Fiscalía federal.
La seguridad de la localidad estará ahora en manos del cuerpo especial de gendarmería, que entró en funcionamiento apenas en agosto, apoyado por el Ejército, informó el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien no detalló el número de efectivos desplegados.
A su llegada a Iguala, de 140.000 habitantes, los soldados desarmaron a los policías municipales que estaban de servicio..
Otros 22 agentes de Iguala ya habían sido detenidos y acusados de colaborar con sicarios del cartel Guerreros Unidos en las balaceras contra los estudiantes.
Este lunes, el resto de policías locales fueron trasladados a una base militar de evaluación en el centro del país y sus armas serán sometidas a exámenes.
Un equipo de AFP constató cómo los nuevos efectivos enviados a Iguala ya colocaron un control para revisar autos en la entrada mientras que camionetas del Ejército patrullaban los alrededores.
Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de setiembre cuando policías y narcotraficantes dispararon –por motivos aún desconocidos– contra varios autobuses de los que se habían apoderado los alumnos.
En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
El domingo, la Fiscalía aseguró que dos sicarios de Guerreros Unidos detenidos confesaron haber asesinado a 17 de los estudiantes en el mismo cerro de los alrededores de Iguala donde el sábado fueron halladas fosas clandestinas con los 28 cadáveres aún no identificados.
De su lado, los familiares de las víctimas mantienen una angustiosa y tensa espera en la Escuela Normal de Ayotzinapa. En esa escuela estudiaban Educación los desaparecidos y es conocida por un gran activismo de izquierda en Guerrero, uno de los estados mexicanos más empobrecidos y afectados por la violencia de los carteles.
El presidente “tiene que tomar cartas en el asunto, nos los tiene que entregar con vida”, manifestó Manuel Martínez, vocero del Comité de Padres.
Los familiares se niegan a creer que entre los 28 cuerpos hallados en las fosas estén los estudiantes. Algunos de ellos dicen haber visto fotografías de los cuerpos y no reconocen a sus hijos.
La Fiscalía de Guerrero dijo que algunos de los cuerpos fueron incinerados, por lo que la identificación demorará varias semanas.
El Gobierno regional pidió la ayuda de nueve forenses de Argentina. Vinieron “para certificar que son nuestros hijos. No vamos a aceptar que autoridades hagan ese estudio”, dijo Martínez.
