IGUALA. AFP y AP. Autoridades de México seguían exhumando cadáveres ayer de las fosas clandestinas halladas en las afueras de Iguala (sur), una localidad rural plagada de escondites de criminales, para determinar si pertenecen a 43 estudiantes desaparecidos, cuyos compañeros realizan protestas.
Al menos 28 cuerpos fueron extraídos de varias zanjas ocultas entre la espesa vegetación de Pueblo Viejo, una zona montañosa del convulso estado de Guerrero, que se ubica a unos 200 km de Ciudad de México, informó el fiscal del estado de Guerrero.
Este domingo, más cadáveres eran extraídos, informó otro oficial, mientras la AFP constató que varias camionetas del servicio forense llegaron hasta la morgue de Iguala, en las que se trasladaron tres camillas con cuerpos en bolsas plateadas.
Decenas de policías, militares y peritos están desplegados alrededor de las fosas.
Juan López Villanueva, alto cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó que se trata de seis fosas y que para llegar a ellas hay que caminar una hora y media por un sendero deshabitado y sumamente estrecho de un escarpado monte, por el que parece imposible el paso de un automóvil.
El hallazgo de las fosas ocurrió el sábado, una semana después de que Iguala fuera escenario de sangrientas balaceras perpetradas por policías municipales y presuntos criminales contra tres autobuses.
Estudiantes. Los alumnos se habían apoderado de esos vehículos para regresar a sus casas desde Iguala –adonde habían ido a recaudar fondos– hasta Chilpancingo, donde cursan sus estudios.
A raíz de estos hechos, que dejaron seis muertos (entre ellos tres estudiantes) y 25 heridos, se reportaron desaparecidos 43 normalistas, como se llama a los universitarios que estudian para maestro.
Desde entonces, los familiares de estos jóvenes viven en la zozobra de que hayan caído en las garras de uno de los violentos carteles que pululan en la región, en un país que cuenta más de 80.000 muertos en hechos vinculados al crimen organizado desde 2006, además de 22.000 desaparecidos.
“No podemos todavía hablar de un número determinado de cuerpos, estamos trabajando en el lugar”, dijo el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, quien durante una conferencia de prensa la noche del sábado en Chilpancingo, capital estatal, recalcó que solo las pruebas genéticas a los cadáveres confirmarán si pertenecen a alguno de los estudiantes desaparecidos.
Así, este domingo cientos de colegas de los desaparecidos iniciaron una marcha en la autopista que conecta Chilpancingo con el turístico puerto de Acapulco.
“Gobierno farsante que matas estudiantes”, se leía en una de sus pancartas, que esgrimían bajo el intenso sol mientras bloqueaban casi todos los carriles de la transitada autopista, como ya habían hecho el jueves pasado.
“A los familiares y amigos de los que fueron salvajemente masacrados, ofrezco toda mi solidaridad y apoyo”, expresó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al hacer un llamamiento a la calma y a evitar la violencia en su empobrecida región, que tiene altos niveles de conflictividad social.
Hasta el momento hay más de 30 detenidos por este caso, que podría convertirse en una de las peores masacres a manos de fuerzas del orden desde que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia.
Entre los arrestados hay al menos 22 policías municipales, sospechosos de haberse llevado a los estudiantes sobrevivientes.
Las primeras investigaciones arrojaron elementos para confirmar la participación en los tiroteos del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes surgieron en el 2010, del cual varios hombres de la policía municipal son parte, indicaron las autoridades.
El alcalde de Iguala (140.000 habitantes) y su jefe de seguridad pública están prófugos.
Los estudiantes pertenecen a una escuela de formación de maestros conocida por ser un foco de protestas.
La ONU pidió el viernes a las autoridades una búsqueda efectiva de los estudiantes. Su oficina en México manifestó que este caso está entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes.