El mandatario manifestó que el gobierno esta haciendo esfuerzos para "instalar la mesa para la negociación el próximo miércoles 27” con representantes que la oposición determine.
Ortega dijo que las pláticas serán para “abrir una nueva ruta de entendimiento porque ya no podemos hablar de volver a la situación anterior (a las protestas). Esta es una etapa que se quemó; la quemaron con todo ese terror a partir de abril”.
Las pláticas se harán "ya no con esa multitud (que participó en el fallido diálogo), tampoco con medios de comunicación, eso no es correcto en ninguna negociación”, advirtió.
La Alianza Cívica, que agrupa a empresarios, estudiantes y organismos de la sociedad civil, de forma paralela nombró a través de un comunicado a su equipo de negociación integrado por seis miembros titulares con sus suplentes e igual número de asesores.
El anuncio de las pláticas fue hecho por Ortega, durante un acto de conmemoración por el 85 aniversario de la muerte del líder nacionalista Augusto Sandino, ante miembros del gabinete, el ejército, la policía y seguidores.
La convocatoria se produce en momentos que el gobierno enfrenta una aguda crisis financiera con un déficit de 315 millones de dólares, sin fuentes de financiamiento que usualmente eran cubiertos con donaciones y créditos de organismos multilaterales.
El gobierno interrumpió el diálogo en junio y emprendió una acción combinada de la policía y paramilitares contra los bloqueos de calles y carreteras levantados en reclamo de la renuncia de Ortega al que la oposición califica de dictador y exige su renuncia.
La represión dejó 325 muertos, más de 700 detenidos, dos de ellos con condenas de más de 200 años, miles de personas refugiadas en países vecinos y le valió a Ortega una amplia condena internacional.
El PIB cayó 4% en 2018 y para este años puede caer un 11%, según gremios económicos.
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Ni el gobierno ni la oposición mencionaron los puntos de agenda ni el local para las conversaciones.
Tampoco ninguna de las partes dijeron si se atenderá algunas exigencias planteadas por la iglesia y organismos de la sociedad civil y humanitarios como liberar a los prisioneros y permitir el retorno de las personas refugiadas, sin condiciones de ningún tipo.
Antes de aceptar volver a la mesa de negociación Ortega retomó contactos con la Organización de Estados Americanos (OEA), tras meses de distanciamiento, al punto que su secretario general Luis Almagro, consideró en diciembre que existen condiciones para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua.
Las presiones para Ortega también han venido de Estados Unidos que aprobó la ley que condiciona a Managua su acceso a créditos de organismos multilaterales, denominada Nica Act y sancionó a cinco funcionarios de su gobierno, entre ellos a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, con la ley Manigstky.
Tras la condena a dos líderes campesinos con penas de más de 200 años y a otro con 59 años, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, manifestó que los días de Ortega están contados y que el pueblo nicaragüense será libre.
"Nosotros somos hermanos del pueblo estadounidense, somos amigos” pero “no es democrático, no es justo, no es cristiano” que un país poderoso pretenda atropellar a otro que es más débil en términos económicos y militares.
Ortega, un exguerrillero de 73 años gobierna desde el 2007 y enfrenta las peores protestas, que comenzaron hace 10 meses contra una reforma al seguro social y se convirtieron en una demanda para su renuncia a lo que se niega.
