La mayoría opositora legislativa dio el primer paso hacia concreción de una de sus promesas de la campaña electoral con un proyecto de ley de amnistía que servirá de marco para la normativa que elaborará el Congreso sobre esa materia.
Un grupo de abogados y activistas locales de derechos humanos entregó en la Asamblea la iniciativa de 27 artículos que contempla el beneficio de amnistía para los “presos y perseguidos políticos”, dijo Alfredo Romero, directivo de la organización Foro Penal Venezolano .
Alcances del plan. Romero precisó que entre las novedades que contempla el proyecto está la identificación de los beneficiarios, procedimientos especiales para individualizar la amnistía, la suspensión de las condenas y los procedimientos administrativos y penales, y la constitución de una comisión especial para hacer seguimiento a los casos.
El activista afirmó que de aprobarse la ley con base en los términos propuestos podrían beneficiarse “más de 5.000 personas” y empresas que fueron afectadas por “procedimientos expropiatorios con fines políticos”. Asimismo se contempla la posibilidad de indemnización por parte del Estado.
Entre las figuras más emblemáticas que podrían verse favorecidos con esta ley está López, quien fue condenado en setiembre del año pasado a casi 14 años de cárcel tras ser acusado de promover unas violentas protestas en Caracas, en febrero del 2014, que dejaron tres muertos y decenas de heridos.
López, de 44 años, fue detenido el 18 de febrero del 2014 y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, donde se encuentra actualmente.
El grupo de juristas dejó abierta la posibilidad para que el Congreso apruebe la nueva normativa de amnistía por la vía de una ley o un decreto administrativo.
La oposición, que controla la Cámara, espera iniciar en los próximos días los debates sobre el proyecto de ley, que fue una de sus principales banderas de la campaña electoral, expresó el diputado Edgar Zambrano.
El presidente Nicolás Maduro advirtió de que no está dispuesto a promulgar ninguna ley de amnistía , pero la mayoría opositora sostiene que cuenta con el respaldo legal para llevar adelante la ley sin el apoyo del mandatario.
La oposición logró en los comicios del 6 de diciembre el control del Congreso al alcanzar 112 de los 167 escaños , mientras que el oficialismo obtuvo 55 diputados.
A finales de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a tres diputados opositores y uno del oficialismo por supuestas irregularidades en la elección, pero aun la coalición opositora mantuvo la mayoría en el Poder Legislativo.
Designación de magistrados. Aparte de la posible amnistía, la oposición y el chavismo libran otro pulso por la designación, en diciembre, de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justici a, que para los adversarios de Maduro fue irregular.
El lunes, la Asamblea integró una comisión para investigar esos nombramientos.
El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, que preside el panel, afirmó que, aunque existen “indicios públicos y notorios de que ha habido una violación” de los procedimientos administrativos, “la comisión parte desde cero” en su pesquisa.
El 23 de diciembre fueron designados 13 magistrados del TSJ, que entre el 28 y el 29 de diciembre, a menos de una semana de la instalación del nuevo Parlamento de amplia mayoría opositora, admitieron recursos interpuestos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, gobernante ) para impugnar la elección de diputados opositores en los comicios del 6 de diciembre.
La oposición recusó a los jueces por considerarlos alineados con el oficialismo, pero el TSJ declaró “procedente” uno de los siete recursos y ordenó suspender la proclamación de cuatro diputados del estado Amazonas (sur) por presunto fraude electoral.
