Bogotá. Decenas de miles de personas protestaron este sábado en Colombia, por cuarto día consecutivo, para exigir el retiro de una reforma tributaria, en medio de múltiples denuncias sobre abusos policiales cometidos contra manifestantes.
Pese a que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que reformulará la iniciativa y eliminará las cláusulas más polémicas, su mensaje no calmó los ardores de los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.
“No basta solo con retraer la reforma. Fue la cereza sobre el pastel, pero todo el manejo que se dio a la pandemia y todo lo que ha sucedido con este gobierno simplemente nos estalló en la cara (...) estamos en contra de las políticas de este gobierno”, dijo María Teresa Flores, filósofa de 27 años.
En plena tercera ola pandeméica, los sindicatos, estudiantes, indígenas y opositores nuevamente tomaron las calles de las principales ciudades para celebrar el Día de los Trabajadores, al ritmo de cacerolazos.
“Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país, hacer una reforma tributaria que termina empobreciendo más al pueblo”, manifestó Julián Naranjo, administrador ambiental.
Además de la capital, las manifestaciones se hicieron sentir en Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, además de otras ciudades intermedias.
La reforma tributaria, planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el miércoles, e incluso el partido de gobierno le hizo reparos.
En los días siguientes se mantuvieron las protestas de forma menos concurrida, y este sábado retomaron con mayor intensidad.
Silencio oficial
A la par de las protestas se dieron disturbios en el centro y suroeste del país.
En respuesta, el gobierno decidió militarizar la ciudad de Cali, capital de 2,2 millones de habitantes del Valle de Cauca, con la llegada de unos 3.000 soldados y policías.
Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran disidencias que se apartaron del pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.
Oenegés y la oposición han multiplicado denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública en las protestas y disturbios, lo que el gobierno niega.
De momento, el ministerio de Defensa solo ha reconocido un muerto y guarda silencio sobre el número de civiles heridos. El balance oficial da cuenta de 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.
Pero la Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social”.
Y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos decesos en Neiva (centro) y Bogotá.
En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la policía”.
Abusos
Las denuncias de atropellos avivan un mal recuerdo en un país donde, en septiembre, la muerte de un ingeniero a mano de uniformados provocó revueltas contra la brutalidad policial que dejaron medio millar de heridos y una decena de muertos.
“Salí a marchar por la reforma tributaria, pero también (...) por los abusos policiales y del ESMAD (escuadrón antidisturbios) que han ocurrido en estos últimos días de marchas”, dijo Sebastián Huertas, estudiante de derecho de 21 años.
El observatorio independiente Indepaz se hizo eco, por su parte, de una denuncia de abuso sexual presuntamente cometido por un uniformado durante las protestas.
Con la reforma el gobierno quería recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo.
Pero expertos y oposición aseguran que se ensañó con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta en plena pandemia o aumentar el IVA en bienes y servicios.
Mientras tanto, Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.
Con más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos registrados desde el 6 de marzo de 2020, el país es, respectivamente, cuarto y quinto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población.