Torrealba afirmó que el propósito del chavismo es impedir la juramentación de 22 de los 112 legisladores de la oposición (de 167), que de esa manera solo contaría con 90 escaños cuando la nueva Asamblea Nacional asuma funciones, el 5 de enero entrante.
La presentación de la acción judicial no fue confirmada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV , chavista) ni ninguna autoridad oficial.
La denuncia se conoció casi al tiempo de que el TSJ autorizó en una resolución a la actual Asamblea, dominada por el oficialismo, a legislar en forma extraordinaria hasta el 4 de enero. Inicialmente solo podía hacerlo hasta el 15 de diciembre anterior. Esta medida se suma a otras destinadas a “blindar” el gobierno de Nicolás Maduro, ante un congreso que controlará la oposición.
Hace una semana, la Asamblea Nacional nombró defensora pública (para velar por los derechos de los procesados judicialmente) a la jueza Susana Barreiros , quien condenó a casi 14 años de cárcel al líder opositor Leopoldo López. El martes el Congreso reformó tres artículos de ley para proteger a la funcionaria al dar solo al TSJ la potestad de removerla.
Mientras, el Parlamento sesiona extraordinariamente para designar a 13 magistrados del TSJ, que eventualmente tendrían que decidir sobre disputas entre el Gobierno y la nueva Asamblea.
(video) Oposición denuncia impugnación de 22 diputaciones
El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, considera que el gobierno podría “usar su control institucional para bloquear al Parlamento”, con lo que las leyes aprobadas por la oposición –entre las cuales habría varias para enfrentar la crisis económica– correrían el riesgo de ser desechadas por el TSJ.
A mediados de mes, el presidente del Congreso, Diosdado Cabello, instaló un “parlamento comunal nacional” como contrapeso a la futura Asamblea, medida vista por expertos constitucionalistas como una usurpación de funciones del Poder Legislativo.
‘Golpe judicial’. Para la MUD, la acción del chavismo ante el TSJ para impugnar la elección de 22 diputados es “un intento de golpe judicial contra la voluntad del soberano”, dijo Torrealba.
Detalló que se trata de un “recurso contencioso electoral ordinario, acompañado por una cautelar de amparo”, con lo que de ser admitido dejaría en suspenso la toma de posesión de esos parlamentarios el 5 de enero.
Declaró que la coalición opositora estableció contactos con la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas, el Vaticano y las cancillerías de la región para denunciar la acción judicial.
El jurista José Vicente Haro dijo que, de emitir la Sala Electoral una decisión provisional o definitiva que impida a los 22 congresistas jurar y comenzar a ejercer sus funciones, eso no evitaría a la nueva Asamblea Nacional instalarse pues solo “bastaría que esté la mayoría absoluta de sus miembros” (al menos 84) para funcionar.
Si se anulan las proclamaciones de 22 diputados debería llamarse a elecciones en los circuitos electorales donde se impugnó la votación. Esto, después que se les dé el derecho a la defensa y al debido proceso a los afectados.
