Washington y Caracas. EFE. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió el miércoles que las nuevas leyes que impulsen en Venezuela el Gobierno y la oposición, tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, “no alteren” el funcionamiento democrático.
“Vamos a necesitar un tiempo de reflexión sobre esto, pero es muy importante que el efecto político de esas normas no altere el funcionamiento de la democracia, que no afecte la transparencia y legitimidad del sistema político y de los representantes del pueblo”, declaró en Washington.
Tal manifestación la hizo después de que el presidente de la Asamblea Nacional saliente de Venezuela, el oficialista Diosdado Cabello, instaló el martes un “parlamento comunal nacional”, luego de que la oposición logró una mayoría calificada de dos tercios en el nuevo Congreso, en los comicios del 6 de diciembre.
“Si cada uno empieza a tironear de sus facultades constitucionales para estirarlas a ver hasta dónde llegan, con un ánimo de confrontación, entonces, lamentablemente, las soluciones que Venezuela necesita en lo social y económico van a quedar muy supeditadas a estos forcejeos políticos. No es eso lo que recomendamos, no es lo mejor para Venezuela” , manifestó Almagro.
El titular de la OEA exhortó a un absoluto “apego constitucional” y al diálogo en Venezuela, pero abogó también por esperar a ver qué ocurre a partir de que se constituya la nueva Asamblea Nacional, el 5 de enero.
“Las nuevas leyes en Venezuela van a ser algo que vamos a tener que estudiar en un conjunto más amplio del funcionamiento del sistema político, de la aplicabilidad de esas leyes y cómo las mismas son consistentes con futuras leyes que va a sacar la nueva Asamblea General” , apuntó.
“Hoy debemos esperar un turno, porque tenemos que ver cómo estructura su trabajo la oposición en la Asamblea y cuáles van a ser las medidas del Ejecutivo. Tenemos que aguantar un turno y ver cómo baja la polvareda, porque hoy hay mucha polvareda en el sistema político venezolano” , añadió.
Almagro, un político de izquierda que llegó en mayo a la OEA avalado por el expresidente uruguayo José Mujica, rompió el largo silencio de la Organización sobre Venezuela para denunciar la “ inhabilitación” de miembros de la oposición y “dificultades” que, a su juicio, impedían su participación en condiciones de igualdad en las elecciones parlamentarias.
“Nunca lo tomé como un enfrentamiento; nuestra lógica de trabajo es marcar el deber ser y señalar los problemas, no esconderlos debajo de una alfombra”, indicó al preguntarle por su choque con el Gobierno de Venezuela por esas críticas.
“Para nosotros nunca hubo una lógica de confrontación, se pueden haber dicho cosas muy feas, cosas extraordinariamente buenas. Ni una cosa me lleva para un lado, ni otra para el otro. Nuestros planteamientos los hacemos de manera profesional, seria y buscando soluciones. Eso es lo que hemos hecho”, concluyó.
Usurpación de funciones. La instalación del llamado parlamento comunal nacional fue considerada ilegal por dos constitucionalistas venezolanos, quienes afirmaron que va contra la Carta Magna.
José Manuel Rafalli y Gerardo Blyde advirtieron de que cualquier intento de usurpar las funciones del Poder Legislativo sería un “golpe de Estado” .
“El parlamento comunal nacional no tiene ninguna base legal por ningún lado; eso no existe en ninguna parte de la Constitución y si lo que se quiere es crear una especie de (...) asamblea paralela, pues, bueno, la Asamblea Nacional no tiene por qué reconocer esa instancia”, sostuvo Rafalli en una entrevista.
Según el experto constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) , la nueva Asamblea “ podrá desconocer este tipo de instancias que no tiene base legal alguna y que además evidentemente implicaría una usurpación de sus funciones ” .
Rafalli indicó que el 5 de enero debe instalarse laAsamblea y designarse a su nueva directiva y que “cualquier cosa que termine ocurriendo distinto a eso es un desconocimiento absoluto a la Constitución, es decir es un golpe de Estado contra el Parlamento”.
Por su parte, Blyde, alcalde del municipio caraqueño de Baruta, reiteró que el parlamento comunal “no existe jurídicamente” y que la Constitución no solo no prevé esta figura, sino que tampoco se refiere a la “comuna” .
Sin embargo, durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013) se aprobó una Ley de Comunas que el mismo Blyde demandó hace cinco años ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “porque usurpa funciones de las gobernaciones, usurpa funciones de las alcaldías”, pero aún no se ha producido fallo al respecto.
“¿Qué es la comuna? Una conjunción de consejos comunales que se unen para formar una entidad político-territorial inconstitucional”, agregó. Recordó que esta figura fue rechazada en un referendo constitucional que Chávez impulsó en el 2007.
Conforme a la “inconstitucional” Ley de Comunas , alegó Blyde, cada comuna puede formar un parlamento en su límite geográfico, pero “no existe parlamento comunal nacional” y, “por tanto, no tiene competencia y no se le pueden asignar recursos; no tiene personalidad jurídica” .
Ese parlamento comunal localizado, dice la ley, debería estar compuesto por cinco personas y se ocupa de discutir los temas que competen a esa zona en especial y sus voceros son designados por bancos comunales.