Por el contrario, Caracas consideró que “el principal violador de la Comisión Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) es esta CIDH”, dijo Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado del país suramericano.
La CIDH inició el lunes su 156.° periodo de sesiones durante el cual activistas y periodistas venezolanos denunciaron la opacidad de las instituciones públicas debido a la restricción del acceso a la información pública imperante en su país.
Desconfianza en OEA. Al margen de esas deliberaciones, el agente del Estado para los Derechos Humanos de Venezuela, Germán Saltrón, dijo tajantemente que su país “no tiene confianza en la OEA”.
Así salió al paso de las reiteradas peticiones que ha hecho el secretario general del organismo, Luis Almagro, para permitir la observación de los comicios del 6 de diciembre. Hasta ahora, Caracas solo ha autorizado la presencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Saltrón expresó que a las elecciones también acudirán observadores del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) , y extendió una invitación a la Unión Europea (UE).
Pero la OEA estará marginada, indicó, pues “ha certificado golpes de Estado, fraudes electorales y dictaduras. No tiene credibilidad internacional; es un organismo caduco”.
Venezuela también enfiló críticas contra la CIDH, órgano autónomo a la OEA, a la que acusa de haber apoyado el fallido golpe de Estado del 2002 contra el presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de ser parcial a favor de Estados Unidos.
El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, pidió durante las sesiones visitar Venezuela “a la brevedad” para evaluar la situación de los medios de comunicación y denuncias de acosos a la prensa.
“Venezuela permite la visita de la CIDH siempre (que) rectifique el error cometido de haber apoyado el golpe de Estado”, respondió Saltrón.
“Mientras tanto no son dignos de visitar nuestro país”, apuntó.
El relator para Venezuela, el chileno Felipe González, negó esa acusación e indicó que la Comisión fue “muy bien recibida” por Chávez un mes después.
“La Comisión se limitó en ese momento a dirigirse al gobierno de facto como se dirigía a las dictaduras (...). La Comisión no reconoce o desconoce gobiernos; no tiene esa facultad”, afirmó.
“El problema surgió una vez que la Comisión emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela” al año siguiente, añadió.
Acceso a información. Mientras, en el inicio de las sesiones de la CIDH, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, aseveró que el acceso a la información pública allí es “prácticamente inexistente”.
Según De Freitas, 60 de 475 normas y decretos vigentes en los últimos 16 años limitan el acceso de periodistas y ciudadanos a la información pública.
Existe un marco legal “restrictivo” y sentencias judiciales que crean “nuevos obstáculos”, porque los jueces consideran que los pedidos de información “atentan contra la eficacia del Estado”, puntualizó.
El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones , William Castillo, resaltó el “esfuerzo del Estado” en prácticas de gobierno electrónico y leyes que promueven el “infogobierno”.
“Ciertamente hay debilidades que hay que atender”, reconoció.
No obstante, el relator de la CIDH, Felipe González, recordó que el acceso a la información en Venezuela es un tema recurrente en las sesiones del organismo interamericano y acusó a las autoridades de Caracas de desatender las acusaciones.
