Comandos estadounidenses capturaron el sábado al dirigente de al-Qaeda, Abu Anas al Libi, en las calles de Trípoli cuando estacionaba su automóvil y lo condujeron a un barco para ser interrogado.
Libia denunció la operación como un secuestro y citó al embajador estadounidense.
La administración Obama declinó decir si solicitó permiso al débil gobierno pro occidental libio, pero insistió en que la operación fue legal.
El mandatario afirmó que Estados Unidos seguirá combatiendo a los grupos terroristas regionales y agregó ayer ante periodistas que Abu Anas al Libi “ayudó a planificar y ejecutar atentados en los que murieron centenares de personas, muchas de ellas estadounidenses. Tenemos fuerte evidencia de ello y será presentado ante la justicia”.
El secretario de Estado John Kerry subrayó que Al Libi, experto en computación que obtuvo asilo bajo el régimen de Muammar Gadafi, fue acusado por un tribunal de Nueva York en 1998 por los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania.
Washington justificó la operación en el marco de la autorización para el uso de la fuerza militar otorgada en 2001 por el Congreso, que permite al presidente estadounidense emplear la fuerza contra cualquier nación, grupo o persona involucrada en los ataques terroristas del 11 de setiembre.
Sin embargo, según la ley internacional el caso es menos claro. El artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohibe a las naciones las amenazas o el uso de la fuerza contra otros estados.
El Gobierno estadounidense pudo haber obtenido aprobación tácita de Trípoli, pese a sus negativas públicas, pero necesitaría otros argumentos para justificar la operación, como por ejemplo que Libia permitió que se usara su territorio para planificar un ataque.