El 18 de abril de 2024, el guatemalteco Eldin Choc, de 28 años, y su pareja Milton Santamaría, de 45, fueron detenidos en el municipio maya de San Andrés Itzapa, en el oeste del país, supuestamente por un altercado en una tienda.
Los agentes de seguridad los llevaron a la estación policial del pueblo, donde bajo prejuicios y “expresiones homofóbicas” los golpearon, torturaron y ejecutaron, explicó a la AFP el fiscal Marco Escobar.
“Es algo deleznable”, dijo la jueza María Castellanos a leer la sentencia.
Para encubrir los hechos, Santamaría fue llevado a un hospital y el cuerpo de Choc localizado en un barranco días después con una mano mutilada, ambos señalados por los policías como fallecidos en un accidente de tránsito.
El tribunal impuso 60 años de prisión al entonces jefe de la policía en Itzapa, Edy Vásquez, detenido dos meses después del crimen en una localidad fronteriza de Texas (sur de Estados Unidos), y deportado a Guatemala.
Otro exagente recibió la misma pena que Vásquez, y un tercero 30 años por el delito de “ejecución extrajudicial”.
Dos mujeres expolicías fueron condenadas a 11 años de cárcel por incumplimiento de deberes y discriminación por haber dirigido “palabras homofóbicas” a las víctimas, según el fallo.
Los otros dos acusados recibieron penas de 8 y 10 años de prisión por detención ilegal, abuso de autoridad, obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.
Una prueba clave fueron audios grabados en el momento de las torturas por una agente que denunció los hechos a sus superiores.
En 2025 y 2026, dos bomberos fueron condenados a uno y tres años de prisión conmutables tras confesar que por presión de los agentes encubrieron que cuando llevaron a Santamaría al hospital ya estaba muerto.
“Este caso se suma a los muchos otros crímenes de odio contra las personas LGBTIQ+ en Guatemala”, lamentó en un comunicado Amnistía Internacional y tres organizaciones locales.
Henry Choc, hermano de Eldin, dijo a periodistas sentirse “satisfecho” porque “se hizo justicia”.
“Era importante que no quedara en impunidad”, dijo a la AFP Abraham Abrego, director legal de la organización Cristosal, querellante en el proceso. “Este es claramente un crimen por prejuicio”, agregó.
“La homofobia mata”, escribieron en una pancarta varios activistas que llegaron afuera de los tribunales donde también encendieron velas.
El crimen de odio no está tipificado en la legislación de Guatemala, donde según la Asociación Lambda, grupo humanitario guatemalteco, ocurrieron unas 30 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en 2025.
