Reclusas narran horror vivido hace un año en masacre en cárcel de Honduras

Aquella mañana del 20 de junio, según la versión oficial, integrantes de la pandilla Barrio 18 mataron a tiros a 23 y quemaron en sus celdas a otras 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, 25 km al norte de Tegucigalpa.

Sentada en la entrada de la enfermería del penal, con el rostro cubierto con un pasamontañas negro y liberada por los guardias de las esposas, Samantha —nombre ficticio— relata a esta agencia que estaba en su celda cuando empezó a escuchar disparos y gritos.

Ella y otras reclusas abrieron un agujero en el techo para tratar de escapar. “No fue buena idea”, dice, porque les dispararon y tuvieron que regresar.

“Cuando todas regresamos adentro, cada quien únicamente lo que hizo fue encomendarse a Dios. Estábamos rodeadas”, contó Samantha, de 25 años, presa por el delito de extorsión.

Dice estar viva por “algo sobrenatural”. Creyó que iba a morir porque las balas alcanzaron a una compañera que estaba justo delante de ella. Cuando acabó el tiroteo, la pared detrás de ella quedó llena de agujeros y a ella no le pasó nada.

Tras lo ocurrido, la presidenta Xiomara Castro reemplazó a los policías del penal, quienes supuestamente dejaron ingresar las armas, por efectivos de la unidad élite Policía Militar de Orden Público (PMOP), desplegada unos días después en las 25 cárceles del país, donde hay unos 21,000 reos.

‘A sangre fría’

Siete pandilleras del Barrio 18 fueron acusadas por la fiscalía por esta masacre, enmarcada en las disputas de territorios para la venta de drogas y extorsión entre las dos pandillas rivales que aterrorizaron a Honduras, Guatemala y El Salvador.

Ante la incontenible violencia en Honduras, con una tasa de 34 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023, Castro anunció el viernes medidas similares a las que impuso el presidente Nayib Bukele para acorralar a las pandillas en El Salvador.

La presidenta ordenó la construcción de una megacárcel para 20,000 reos en el este del país y otra para 2,000 en Islas del Cisne, en el Caribe.

Wendy —nombre ficticio— de 32 años también recuerda aquellos “momentos horribles”. Las atacantes llamaban por su nombre a las reclusas que buscaban, abrían las puertas de las celdas a punta de bala y con herramientas: “Disparaban a diestra y siniestra”, contó.

Según ella, las pandilleras del Barrio 18 atacaron a tiros a las de la MS-13 y en algunas celdas echaron gasolina y les prendieron fuego.

Wendy, recluida también por extorsión, dice que no le quedó más que orar: “No tenía valor ni para correr porque no sabía para dónde”.

Una reclusa de 68 años, que se identificó como Rosario, considera un milagro que de 120 mujeres que había en su módulo de celdas solo murieran dos. A una de ellas le faltaban tres días para salir y tuvo una muerte “a sangre fría”, lamentó.

‘No había autoridad’

Wendy asegura que a varias “las remataron” a tiros, mientras “gritaban, pedían auxilio y nadie las auxiliaba”. “En ese momento no había autoridad” que las protegiera, agregó.

El pasado lunes llegaron al penal 100 del millar de efectivos que empezaron a entrenar para integrar una nueva policía penitenciaria que retomará paulatinamente la seguridad de las cárceles.

Se sumaron a los 260 de la PMOP que custodian actualmente a las 661 presas en el PNFAS, donde, un año después de la masacre, decenas de albañiles amplían los bloques de celdas de concreto, ya que tienen capacidad solo para 400 reclusas.

“Va a ser un lugar digno”, dijo a esta agencia la subdirectora de la cárcel, teniente coronel Dinora Molina, en un recorrido para los periodistas de esta agencia.

Cien integrantes del Barrio 18 fueron trasladadas la semana anterior a otra prisión del noroeste del país para separarlas de la MS-13.

“Ellas se fueron de acá... por esa parte nos sentimos más tranquilas”, dice Samantha, que cumplió cinco de sus 11 años de condena.