Ciudad de Guatemala. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, solicitó la revocación de la inmunidad de la fiscal general y de un juez luego de la decisión de llevar a cabo un allanamiento en un centro electoral y abrir las cajas de votación de las elecciones de junio.
En respuesta al allanamiento, Arévalo también anunció la suspensión del proceso de transición hacia su investidura, prevista para enero de 2024, donde sucedería al presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei.
LEA MÁS: Bernardo Arévalo: ‘Estamos presenciando un golpe de Estado en desarrollo’
Las solicitudes para eliminar la inmunidad de la fiscal general, Consuelo Porras, y del juez Fredy Orellana fueron presentadas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital guatemalteca la noche de este martes, según documentos legales.
Además, Arévalo presentó una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que impugnó los resultados de las elecciones generales.
El presidente electo exige la renuncia de estos cuatro funcionarios, a quienes acusa de planear un golpe de Estado para impedir su llegada al poder.
Arévalo, un exdiputado socialdemócrata, ganó en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto, sorprendiendo en la primera vuelta al no figurar como favorito entre una veintena de candidatos.
La denuncia busca eliminar la inmunidad de la fiscal general y el juez para que sean investigados por seis presuntos delitos, incluyendo la violación de la Constitución, el incumplimiento de deberes, el abuso de autoridad con fines electorales y el prevaricato.
Curruchiche argumenta que el allanamiento es legal, ya que solo buscan verificar la denuncia de un ciudadano, y niega que cause desestabilización en el país centroamericano.
“Nosotros no podemos validar o invalidar una elección que el pueblo de Guatemala ya hizo. Únicamente es un proceso de verificación, que es totalmente distinto a contar papeleta por papeleta”, afirmó en una entrevista televisiva local.
LEA MÁS: Bernardo Arévalo: Espinado camino rumbo a la silla presidencial de Guatemala
Más Acciones Contra la Fiscalía
El Tribunal Electoral presentó este martes un amparo ante la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad, para anular los allanamientos de la fiscalía.
La organización no gubernamental Acción Ciudadana, el capítulo local de Transparencia Internacional, siguió su ejemplo y presentó una acción similar el miércoles.
El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, especialmente por haber vulnerado el voto de los guatemaltecos”, señaló el vocero de Acción Ciudadana, Néstor Páez. “Este ataque al proceso electoral debe detenerse”, declaró.
Abraham Álvarez, coordinador general de asuntos jurídicos del Tribunal Supremo Electoral, calificó como ilegal la apertura de las cajas electorales, ya que se realizó “a sabiendas de que es una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos” y del tribunal electoral.
Las cajas incautadas contenían votos emitidos, votos nulos, votos en blanco, papeletas sin uso y otros objetos utilizados por cada mesa electoral.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, denunció la apertura de las cajas como algo “inédito y preocupante”. A pesar de la incertidumbre generada, enfatizó que los resultados electorales ya han sido oficializados y “eso no puede cambiar”.
El allanamiento generó críticas y rechazo tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo declaraciones de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones indígenas, de derechos humanos y otros.
Phil Gordon, asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta Kamala Harris y exfuncionario del presidente Joe Biden, declaró en redes sociales: “Fue un ataque al proceso democrático y al estado de derecho.
Estados Unidos seguirá apoyando la democracia guatemalteca y castigará a los actores corruptos que intenten socavarla”. Estados Unidos incluyó a la fiscal Porras, al juez Orellana y a los fiscales Curruchiche y Monterroso en una lista de personas “corruptas” en Guatemala.