Managua. El diario La Prensa de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega, informó este jueves que su personal, entre ellos periodistas y fotógrafos, abandonaron el país en los últimos días por temor a ser encarcelados y que operarán desde el exilio.
“La persecución que el gobierno de Daniel Ortega arreció contra el personal del diario La Prensa este mes obligó a que el personal del medio huyera del país”, manifestó en la primera plana de su edición digital, la única que mantienen activa desde agosto del año pasado.
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“Periodistas, editores, fotógrafos y otro personal se vieron obligados a salir de forma irregular de Nicaragua en las últimas dos semanas, para resguardar su seguridad y libertad”, aseguró el diario, el más antiguo del país centroamericano, con 95 años de existencia. El medio tomó esta medida tras la detención de dos choferes del diario el 6 de julio, que luego fueron puestos en prisión preventiva por 90 días para ser investigados por delitos que no fueron precisados.
“A lo arrestos (de ambos trabajadores) les siguieron allanamientos a las casas de varios periodistas, fotógrafos y otro personal del medio. Esta situación obligó a La Prensa a poner bajo resguardo a su personal y posteriormente sacarlo del país”, explicó. La Prensa anunció que “está en proceso de reorganizar su redacción en el exterior para seguir informando”.
Prisión
El 14 de agosto del 2021, la Policía arrestó al gerente del diario, Juan Lorenzo Holmann, un día después de allanar las instalaciones del periódico. Desde entonces el medio informaba solo a través de su plataforma digital. La ocupación del periódico ocurrió en el marco del arresto de decenas de opositores, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, previo a las elecciones de noviembre en las que Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo.
Entre los detenidos, pero en condición de arresto domiciliario, también están dos directivos del diario La Prensa: la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, y su hermano Pedro, ambos hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
Cristiana, Pedro y Juan Lorenzo Holmann fueron condenados entre marzo y abril a penas de ocho y nueve años por lavado de dinero. El gobierno de Ortega acusa a los opositores detenidos de conspirar contra su gobierno con el apoyo de Washington para desestabilizar al país.
La ONG Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pidió esta semana la liberación de los trabajadores de La Prensa detenidos. “El gobierno de Nicaragua vuelve a demostrar que no respeta el trabajo de los y las periodistas y que sencillamente quiere seguir hostigando y censurando a los medios”, aseveró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.
Ortega, un exguerrillero en el poder desde el 2007, ha sido sancionado por Washington por sus acciones “autoritarias y antidemocráticas”. La esposa del gobernante y vicepresidenta, Rosario Murillo, se ha referido a los periodistas de medios opositores como “hipócritas y destructores” y “terroristas de la comunicación”.
Medios en el exilio
La salida de La Prensa se suma a la de otros medios opositores que han optado por irse del país por temor a encarcelamientos. Esto ocurre desde 2018, cuando el país fue sacudido por masivas protestas antigubernamentales, que el gobierno atribuyó a un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con ayuda de Estados Unidos.
Afirma que en el complot también participaron la Iglesia católica y empresarios. Las manifestaciones dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y miles de exiliados. El gobierno por su parte reconoce 200 muertos, entre los que asegura que hay varios policías y activistas del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que dice fueron “víctimas del golpismo (opositores)”.
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En diciembre del 2018, las autoridades cerraron las oficinas del opositor canal de televisión 100% Noticias, así como el programa de televisión Esta Semana y la revista Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro desde el exilio en Costa Rica.
La oposición estima que desde entonces más de 120 periodistas han pedido refugio, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos, y más de 20 medios locales han cerrado por presiones. La comunicación televisiva y radial está en su mayoría en manos de empresarios afines al oficialismo, según la oposición.
En el 2020, el parlamento, de mayoría oficialista, aprobó una Ley de Ciberdelitos que castiga con hasta 10 años de cárcel la publicación de noticias que las autoridades consideren “falsas”. Ese mismo año entró en vigor la Ley de Defensa de la Soberanía, que considera “traidores a la patria” y castiga con cárcel, a quienes promuevan la injerencia extranjera y sanciones internacionales.