EscucharCiudad de Guatemala. El partido Semilla, del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, solicitó este martes al tribunal electoral la anulación de la suspensión de la agrupación, que fue decretada a instancias de la fiscalía. Esta decisión generó críticas a nivel internacional.
Juan Gerardo Guerrero, abogado del partido, informó a los periodistas que presentó un “recurso de nulidad” ante el tribunal que, el lunes, inhabilitó a Semilla al acatar la polémica orden de un juez solicitada por la fiscalía. Guerrero argumentó que la decisión de suspender la personalidad jurídica del partido se basó en una resolución ilegal.
A pesar de la suspensión de Semilla, los magistrados electorales oficializaron a Arévalo, un socialdemócrata de 64 años, como ganador del balotaje del 20 de agosto, derrotando a la ex primera dama Sandra Torres, quien es cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.
El opositor Arévalo asumirá la presidencia del país con la promesa de luchar decididamente contra la corrupción.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala suspendió el partido político del presidente electo Bernardo Arévalo, al tiempo que afirmaba su victoria en la votación del 20 de agosto, según una resolución del organismo. (JOHAN ORDONEZ/AFP)
Rechazo Internacional
Este martes, Estados Unidos rechazó los “esfuerzos inaceptables” de la fiscalía guatemalteca para suspender a Semilla, al mismo tiempo que expresó su preocupación por las medidas que buscan “socavar la democracia” en el país centroamericano.
“Estados Unidos continúa preocupado por las acciones constantes de aquellos que intentan socavar la democracia en Guatemala. Nos unimos a nuestros socios de la comunidad internacional y al pueblo guatemalteco en contra de estos esfuerzos inaceptables”, declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, también manifestó su inquietud este martes ante “los persistentes intentos de socavar los resultados electorales mediante acciones jurídicas”, como la cancelación de Semilla.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que la suspensión del partido carece de fundamento y motivo debidamente demostrado, en un comunicado emitido el lunes.
Orígenes de la Suspensión
La suspensión de Semilla se originó después de la primera vuelta de las elecciones, el 25 de junio, cuando el juez Fredy Orellana ordenó al tribunal electoral suspender la agrupación debido al inicio de una investigación penal por supuestas anomalías en los afiliados del partido en el momento de su creación en 2017.
En ese momento, el tribunal no pudo acatar la orden del juez debido a la imposibilidad de suspender un partido en medio de un proceso electoral.
La investigación está siendo liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien es considerado “corrupto” por Estados Unidos, al igual que Orellana.
Según analistas, la suspensión no afectará la toma de posesión de Arévalo, programada para el próximo 14 de enero, pero sí tendrá repercusiones sobre la bancada del partido en el Congreso, ya que podrían perder facultades, como la de presidir comisiones. El analista Manfredo Marroquín señaló a esta agencia que esta medida busca desgastar tanto al partido como al presidente electo.
Protestas y Acusaciones de Corrupción
Las investigaciones contra Semilla provocaron numerosas protestas que exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien también es considerada “corrupta” por Washington debido a su persecución a periodistas, exfiscales y exjueces que investigaron sonados casos de corrupción, muchos de los cuales están ahora en prisión o en el exilio.
Este lunes, la fiscalía ordenó el arresto de la abogada Claudia González, quien formó parte de una comisión antimafias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investigó la corrupción gubernamental de 2007 a 2019 y que fue disuelta por el entonces presidente Jimmy Morales, a pesar de las protestas de la comunidad internacional.
El Consejo Nacional Empresarial exigió la dimisión de Porras, calificando como “inaceptable” que la responsable de la institución encargada de hacer cumplir la ley continúe liderando acciones que socavan la legitimidad de los resultados y, por ende, la democracia del país.
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