EscucharCiudad de Panamá. Panamá rechazó este lunes la solicitud de Nicaragua de establecer un consulado en la residencia adyacente a la embajada nicaragüense en la capital panameña, donde el expresidente Ricardo Martinelli está asilado para evitar una condena de prisión.
La cancillería panameña comunicó que “no reconoce privilegios ni inmunidades diplomáticas en el inmueble” vecino, tras negar el salvoconducto a Martinelli el pasado 9 de marzo para marcharse a Nicaragua.
Martinelli buscó refugio en la embajada el 2 de febrero, y el presidente nicaragüense Daniel Ortega le otorgó asilo días después de perder su último recurso para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Una orden de arresto contra el exmandatario fue dictada el 22 de febrero, seguida por su inhabilitación como candidato a los comicios del 5 de mayo, en los que lideraba los sondeos.
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Desde la embajada, Martinelli continuó emitiendo mensajes políticos en redes sociales, pese a las advertencias del gobierno panameño a Nicaragua sobre posibles consecuencias diplomáticas.
Panamá acusó al presidente Ortega de violar convenios diplomáticos al permitir estas actividades de Martinelli en la embajada, y le exigió que las detenga.
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Panamá rechazó la solicitud de Nicaragua de establecer un consulado en la residencia adyacente a la embajada nicaragüense en la capital panameña, donde está asilado el expresidente Ricardo Martinelli. (ROBERTO CISNEROS/AFP)
La cancillería panameña envió una “nota de protesta por la actitud permisiva del Gobierno nicaragüense en la sede de la Embajada (...), contraviniendo de manera abierta y desafiante el desarrollo de la función diplomática”.
Martinelli, de 71 años, fue sentenciado en julio pasado a 128 meses de prisión y una multa de $19 millones por blanqueo de capitales. La condena quedó firme después de perder sus últimos recursos judiciales el 2 de febrero.
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Fue condenado por comprar con dinero público, mientras era presidente, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América, utilizando una parte de los $43.9 millones provenientes del pago de sobornos que distintas empresas depositaron en un complejo esquema de sociedades.
El exmandatario fue sustituido como candidato por su exministro de Seguridad, José Raúl Mulino.
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