Ginebra. Nicaragua retiró este martes la nacionalidad y confiscó sus bienes a 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada, tras una mediación de Estados Unidos, a quienes acusó de atentar contra la soberanía nacional.
La medida fue anunciada en un comunicado del Poder Judicial.
La resolución del tribunal de Managua ordenó la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense” y “dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados”, según el comunicado.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses fueron privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de esta agencia basado en datos oficiales.
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El pasado jueves, el gobierno de Ortega liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos que fueron acogidos ese mismo día por Guatemala, gracias a una mediación de Estados Unidos.
La Casa Blanca informó que consiguió la liberación de estos presos, entre ellos 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas, Mountain Gateway, además de laicos católicos, estudiantes y otras personas que Ortega y Murillo “consideran una amenaza para su régimen autoritario”.
Ortega, quien gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
En 2023, excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria.
ONU denuncia ley de Nicaragua que podría intensificar ‘represión’ de exiliados
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este martes una reciente ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que, en su opinión, podría intensificar la “represión” de los exiliados nicaragüenses, cuyos derechos llamó a “proteger”.
En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más contra personas nicaragüenses, incluso en el exilio, y a extranjeras, por el legítimo ejercicio de sus derechos”, aseguró.
El pasado viernes, entró en vigor en Nicaragua una ley que permite juzgar a quienes realicen acciones en el exterior contra el gobierno. Los exiliados la denunciaron como una “herramienta de represión transnacional”.
La ley contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes por “delitos contra la administración pública”, “ciberdelitos” o “delitos contra el Estado o instituciones”, entre otros.
El gobierno de Daniel Ortega endureció la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces, cerraron unas 5.500 ONG, y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses partieron al exilio, mientras cientos fueron expulsados y despojados de sus bienes.
Un día después de que el gobierno de Ortega liberara a 135 presos políticos, estos fueron trasladados a Guatemala gracias a la mediación de Estados Unidos.
El enviado estadounidense pidió a Ortega que no despojara de la nacionalidad nicaragüense a estos excarcelados, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
Una de estas personas es la poeta nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España. Ante el Consejo de Derechos Humanos, Belli reclamó el “cese del acoso contra las voces críticas” por parte del gobierno de Ortega.
El despojo de la nacionalidad, sumado a “la práctica de denegar la renovación de documentos de identificación” a ciudadanos en el exterior, “contraviene el derecho internacional”, aseguró la representante de Chile.
“Se debe proteger y promover los derechos de todas las personas que quieran vivir en Nicaragua. Quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a desarrollar su vida en paz en su país”, afirmó Salazar.
Hay un ‘grave’ deterioro en Nicaragua
En su informe anual sobre la situación en Nicaragua, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió la semana pasada sobre el “grave” deterioro bajo el gobierno de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo.
El informe documentó detenciones arbitrarias a opositores, torturas, malos tratos en detención, aumento de la violencia contra comunidades indígenas y ataques a la libertad religiosa.
En una intervención por video, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, denunció las “injusticias, parcialidades e ilegalidades” del documento, realizado, a su juicio, “con una agenda definida”.
Estos instrumentos, usados por los “imperialistas” para intervenir en los asuntos internos, “violan el principio de no intervención”, estimó Morales, quien fue sancionada por Washington en marzo “por ser cómplice de la opresión”.
A junio de 2023, 271.740 nicaragüenses figuraban como solicitantes de asilo en el mundo y 18.545 obtuvieron el estatuto de refugiado, indicó en otro informe el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Los países con más solicitantes de asilo fueron Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, España y México, agregó, citando datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).