ONU califica de ‘profundamente alarmante’ el cierre de 1.500 oenegés en Nicaragua
La mayor disolución desde 2018 genera alarma en la ONU por el impacto en la libertad cívica y religiosa
La pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, arremeten contra la sociedad nicaragüense tras las revueltas en el 2018. La dictadura de Ortega cerró, hasta el momento, unas 5.100 ONG desde ese año. JAIRO CAJINA
Ginebra. La ONU calificó este martes como “profundamente alarmante” el cierre en Nicaragua de 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas. Esta es la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno de Daniel Ortega desde las protestas de 2018.
La decisión es “profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa”, afirmó en un comunicado la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
“El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, añadió.
Según el Ministerio del Interior, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro clausuradas incumplieron sus obligaciones, ya que “no reportaron por periodos de entre uno y 35 años sus estados financieros”.
En la lista de entidades cuyos bienes serán confiscados figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
Daniel Ortega y Rosario Murillo La pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, arremeten contra la sociedad nicaragüense tras las revueltas en el 2018. La dictadura de Ortega cerró, hasta el momento, unas 5.100 ONG desde ese año.
También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los ‘contras’ en los años 80.
“Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses para que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y para que garanticen el respeto a los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”, subrayó la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra las ONG tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder de manera ininterrumpida desde 2007, sostiene que las ONG y, sobre todo, la Iglesia católica apoyaron esas protestas, que considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El congreso de Nicaragua, dominado por los partidarios de Ortega, aprobó este martes por unanimidad una ley que restringe la labor de las ONG.
Murillo aplaudió la nueva norma, anunciada por el gobierno el viernes, que obliga a las ONG a trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
“No hay otras consideraciones que puedan esgrimirse” sobre las ONG, las cuales no tendrán “ni exoneraciones ni tratamientos especiales en términos fiscales”, dijo Murillo a medios locales, sin mencionar las críticas de la ONU.
