Managua. La iglesia católica de Nicaragua enfrenta su momento más álgido en la relación con el gobierno del presidente Daniel Ortega, tras la retención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, uno de los más críticos a la gestión oficial.
Persecución, allanamientos, cárcel, cierre de medios de comunicación católicos y exilio de religiosos, son algunas de las acciones oficiales represivas que enfrenta la Iglesia, en medio de la crisis que vive el país desde 2018, cuando se produjeron protestas masivas contra el gobierno de Ortega.
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“La iglesia católica es la (institución) más creíble, de confianza y credibilidad en la población. El sitio al obispo Álvarez es un episodio más en el forcejo y represión que Ortega y (su esposa y vicepresidenta, Rosario) Murillo están ejerciendo para que se pliegue a sus posiciones”, dijo a la socióloga Elvira Cuadra.
“Tienen una relación de confrontación abierta contra la iglesia desde 2018 (...) y antes, en 2014, cuando la Conferencia Episcopal (CEN), hizo publica una carta que contenía puntos fuertes sobre la institucionalidad y rumbo del país. Esa carta fue ignorada y molestó mucho a Ortega”, recordó Cuadra.
Ortega, un exguerrillero de 76 años, gobierna desde 2007 y es acusado de corrupción y nepotismo por sus rivales, lo cual él niega al asegurar que está construyendo el país restituyendo derechos que fueron quitados a los nicaragüenses durante los gobiernos neoliberales que les antecedieron.
“Vamos Adelante. Sabemos que el porvenir nos pertenece(...) un Pueblo que no se dejará, jamás, nunca más, arrebatar la paz”, acostumbra a decir Murillo, en sus alocuciones cotidianas de mediodía en medios afines a su gobierno.
Obispo asediado
El obispo de Matagalpa Rolando Álvarez se encuentra retenido desde hace una semana, bloqueado por las fuerzas de seguridad en la Curia de esa ciudad situada a 127 km al norte de Managua, acusado de intentar desestabilizar al país. Este jueves, aseguró que tanto él como la decena de personas que lo acompañan están bien de salud.
“Nos encontramos gracias a dios bien de salud, viviendo en comunidad (...) estamos en las manos de dios”, dijo Álvarez en una misa que transmitió por Facebook, en la que añadió que están viviendo el “encierro como un retiro espiritual”.
Las autoridades investigan al religioso por intentar “organizar grupos violentos” e incitar “a ejecutar actos de odio (..) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua”, indicó la policía el pasado viernes.
Álvarez fue retenido después de denunciar el cierre de cinco emisoras de radio religiosas y exigir al gobierno de Ortega que “respete” la libertad de culto ante los “hostigamientos” a la Iglesia.
Álvarez, de 55 años, fue nombrado obispo de Matagalpa por el Vaticano en el 2011.
En su misión pastoral acostumbra visitar los pueblos rurales donde tiene aceptación de las comunidades. En 2015, encabezó una marcha multitudinaria, en Rancho Grande (Matagalpa), para oponerse a una concesión minera que el gobierno había otorgado a una compañía canadiense.
La confrontación con la iglesia católica ha motivado mensajes de solidaridad de sus pares de América Latina, con llamados al diálogo en Nicaragua.
Antecedentes
En marzo, el representante del Vaticano, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, salió del país de forma intempestiva y según autoridades eclesiales, sus relaciones con el gobierno “no eran buenas”.
El Vaticano, mediante un comunicado, había calificado de “incomprensible” la expulsión de su representante.
En julio, monjas Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta abandonaron Nicaragua luego que el Congreso cerrara sus oficinas y se alegara que no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social.
Durante las protestas de 2018, durante el ataque armado de paramilitares contra manifestantes, Álvarez salió en procesión con el Santísimo, uno de los símbolos sagrados de los católicos, en rogativa para que cesará la agresión.
El mandatario, un exguerrillero de 76 años, gobierna el país desde 2007 y enfrenta una crisis política que se ha mantenido en los últimos cuatro años, detonada por las manifestaciones opositoras en 2018, por una reforma a la seguridad social que derivó en un pedido de su renuncia.
Silencio del Papa, la OEA vota
Antes de regresar al gobierno, Ortega pidió perdón a la Iglesia por las relaciones tensas durante su primer administración (1979-1990). Las mismas se deterioraron en 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a manifestantes heridos.
El gobierno sostiene que estas manifestaciones fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y del cual los obispos fueron cómplices.
El papa Francisco se abstuvo de hacer comentarios públicos sobre la situación en Nicaragua desde los recientes incidentes.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunciará este viernes en Washington sobre un proyecto de resolución que condena el “cierre forzado” de oenegés, así como “el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno” en Nicaragua.
El texto vuelve a pedir la liberación de los presos políticos y reitera su ofrecimiento a dialogar con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, que ha hecho caso omiso de llamados similares en el pasado.