El presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscala general, Consuelo Porras, libran una lucha de poderes en el país centroamericano.
La máxima cabeza del Poder Judicial es una piedra en el zapato del mandatario desde que este logró avanzar a la segunda ronda electoral con el Partido Semilla, en el segundo semestre del 2023.
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El Ministerio Público inició investigaciones sobre la agrupación política, a las que el hoy mandatario siempre tachó de persecución y le recalcó a sus partidarios “que lucharían por defender la democracia”.
Arévalo asumió la presidencia de Guatemala el pasado mes de enero y desde entonces tiene que lidiar con Porras, uno de los últimos eslabones del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, quien poco antes de entregar la banda presidencial extendió el nombramiento de la fiscala hasta el 2026.
Entre demandas y la búsqueda de modificaciones legales, Arévalo y Porras intensifican sus ofensivas. Para Juan Diego Godoy, analista político, comunicador y escritor guatemalteco, este es un “mensaje político” y una “demostración de poder a lo interno del país”, indicó en conversación con La Nación.
¿Qué sucede entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras?
El 31 de julio, “la fiscal general sale en conferencia de prensa presentando una solicitud de retiro de antejuicio en contra del presidente. Alegaba que el mandatario desobedeció el amparo que le otorgó la Corte de Constitucionalidad a favor de la fiscala”, señala Godoy.
Este amparo llegó luego de que, por primera vez, el presidente Arévalo arremetiera contra la fiscala, acusándola de ser la representante de la ola de corrupción en Guatemala. En el documento, la fiscala señaló que ella representa una institución completamente autónoma, el Ministerio Público, y que se sentía atacada por el mandatario. Por lo tanto, la Corte de Constitucionalidad recordó a Arévalo que no puede afectar a la oficina del Ministerio Público.
Tras esto, Porras afirmó que Arévalo violó ese amparo porque continúa persiguiéndola.
“Aquí la batalla se intensifica. El presidente emite un comunicado en el que califica de espuria esta solicitud de antejuicio y vuelve a recalcar que el Ministerio Público no tiene credibilidad. Así, el tema regresa otra vez a los focos”, explica Godoy.
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Arévalo y Porras tienen un pulso de poder
Esta disputa entre poderes de la República se intensificó este martes, luego de que el Ministerio Público detuviera a Ligia Hernández, quien fue diputada de Semilla junto a Arévalo entre el año 2020 y 2024. El 1.° de febrero pasado, el gobernante la nombró para dirigir el Instituto de la Víctima, encargado de asistir a personas afectadas por delitos en el acceso a la justicia y la reparación digna.
Hernández fue arrestada por una orden del juez Fredy Orellana, acusada de “posible comisión del delito de financiamiento electoral no registrado”, también conocido como Corrupción Semilla, según un comunicado de la Fiscalía.
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad inició en el 2023 una investigación contra Semilla, después de que Arévalo sorprendiera al pasar al balotaje presidencial. El caso se basa en supuestas anomalías en la conformación del partido, incluyendo una presunta trama de lavado de dinero por la cual la Fiscalía también buscó retirar la inmunidad a Arévalo.
“Todo esto ocurre cuando el Congreso está votando una iniciativa para ampliar el presupuesto. Una iniciativa que el presidente defiende arduamente y que, contra todo pronóstico, logra obtener dos terceras partes de los votos y pasa la iniciativa.
”¿Por qué es relevante esta iniciativa relacionada con el presupuesto? Porque es un mensaje político en el que se deja ver que el presidente, a partir de hoy, puede amenazar a la fiscala, indicándole que ya tiene los votos de dos terceras partes del Congreso, y que con esos mismos votos podría modificar la ley para destituirla”, señala el analista.
Desde el otro lado, también hubo una advertencia. “El mensaje político que envía la fiscala es: ‘Estoy capturando a todos tus allegados porque los puedo meter a prisión’. Ese es el juego que se está llevando a cabo”, dice Godoy.
¿Qué busca la fiscala Consuelo Porras?
Consuelo Porras ocupa el cargo desde el 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales. Luego, continuó con el gobierno de Alejandro Giammattei, quien extendió su mandato hasta el 2026.
“En mi opinión, la fiscala busca protección a posteriori (...). ¿Qué hace ella cuando está en el Ministerio Público? Le jura lealtad a estos dos gobernantes, diciéndoles ‘no investigaré ningún caso relacionado con sus oficinas mientras ustedes me permitan gobernar y estar tranquila’. Ese es, digamos, el pacto que se había hecho”, afirma el especialista.
Sin embargo, el plan se desmorona cuando Arévalo gana la primera ronda y arrasa en la segunda de los comicios presidenciales en Guatemala.
“Automáticamente, la fiscala pierde toda protección, porque sabe que en el 2026 no será nombrada nuevamente. Ahora, lo que le interesa es debilitar al gobierno para que, con las bases golpeadas, no pueda elegir un fiscal general en el 2026 que sea completamente contrario a ella. Ella quiere asegurarse de que, con la elección de un fiscal amigo, pueda salir del cargo con total impunidad”, explica el analista.
Godoy afirma que esta situación va más allá de temas ideológicos o conflictos personales. Porras busca asegurar mejores posiciones ante su inminente salida.
Por lo tanto, el juego de poder entra en una fase de tensión e incertidumbre que, según Godoy, podría comenzar a visualizarse en diciembre, cuando ya hayan sucedido tres eventos clave para el gobierno de Arévalo: la elección de la Corte Suprema, la votación del nuevo presupuesto —que mide la fuerza de Arévalo en el Congreso— y la temporada de lluvias en Guatemala, uno de los exámenes más importantes para el gobierno.
Arévalo, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, considera que la fiscala es “corrupta” y que aprovecha su puesto para perseguir a quienes se interponen en su camino o incomodan a sus aliados, entre ellos el anterior presidente derechista, Alejandro Giammattei.