Fiscal general de Guatemala, sancionada por Estados Unidos, busca reelección

Ciudad de Guatemala. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a quien Estados Unidos incluyó en un listado de “actores corruptos y antidemocráticos”, se postuló este lunes a la reelección, informó el Ministerio Público (MP). Porras “ha decidido participar en el proceso, a efecto de dar continuidad al fortalecimiento institucional que ha desarrollado durante su gestión”, dijo a periodistas Juan Luis Pantaléon, vocero de la Fiscalía.

Porras presentó su expediente ante la Comisión de Postulación integrada por la presidencia del Poder Judicial, miembros del Colegio de Abogados y una docena de decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. La Comisión analizará hasta abril los expedientes de una veintena de aspirantes y luego definirá una nómina de seis candidatos entre los que elegirá el presidente, Alejandro Giammattei, para el periodo 2022-2026.

En septiembre pasado, Washington sancionó a Porras al acusarla de interferir en la investigación de
actos de corrupción y le negó el ingreso a territorio estadounidense. La sanción ocurrió después de que Porras destituyó en julio a Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien salió a Estados Unidos al temer por su vida, camino que han seguido otros exfuncionarios de esa instancia.

Sandoval, calificado como un “campeón anticorrupción” por Estados Unidos, dijo que se le pidió no investigar al presidente Giammattei sin el consentimiento de la fiscal Porras. La candidatura de Porras también ocurre a pocos días de la captura de cuatro exfiscales de la FECI y de la abogada Leily Santizo, quien fue mandataria por once años de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), adscrita a la ONU. Se les acusó de obstaculización de la justicia y abuso de autoridad.

Las detenciones, a petición del Ministerio Público que lidera Porras, generaron preocupación en Naciones Unidas y el rechazo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, las capturas ocurren “en un contexto de persecución espuria contra jueces, magistrados y fiscales que dieron una contribución relevante a la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

La CICIG apoyó a la Fiscalía para enjuiciar a políticos, militares y empresarios considerados intocables, y dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020). Morales fue acusado de corrupción electoral por ese órgano y por la FECI. Ambas organizaciones destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015).