EE. UU. solicita a Bukele extraditar a siete jefes de la Mara Salvatrucha

La petición de estos cabecillas la conoció la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre de 2021, según una fuente cercana al proceso; sin embargo, el estudio de los casos individuales, como parte del trámite de extradición, ha comenzado en los juzgados de Paz de San Salvador en meses recientes.

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Ese medio de comunicación pudo confirmar que el 24 de enero de 2022, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador recibió la petición de prisión provisional con fines de extradición para Edson Sachary Eufemia, alias “Speedy”. Dos días después, el Juzgado Primero de Paz hacía lo mismo con Leonel Alexander Leonardo, alias “Necio”.

Entre finales de enero y marzo, también fue solicitada en los juzgados la prisión provisional con fines de extradición (inicio del proceso) para José Fernández Flores Cubas, alias “Cola”; Ricardo Alberto Díaz, alias “Rata”; y José Luis Mendoza Figueroa, alias “Pavas”.

Y el 4 de abril pasado, según pudo confirmar La Prensa Gráfica, fue el caso del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador para Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito”, considerado por los Estados Unidos como el “miembro más poderoso de la Ranfla Nacional” en El Salvador, según consigna la acusación federal.

Solicita que lo extraditen

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Diecisiete días después de la de Borromeo Henríquez, el 21 de abril de 2022, el Juzgado 14 de Paz le notificó a Arístides Dionisio Umanzor, alias “Sirra”, su proceso de extradición.

Este jueves, el fiscal general Rodolfo Delgado, confirmó la audiencia de intimación para este último donde, según publicó en su cuenta de Twitter, solicitó “agilizar su salida hacia una cárcel norteamericana, pues ya no quiere enfrentar la justicia salvadoreña, ahora que ya no tiene ningún beneficio y su estadía en la cárcel se ha vuelto un verdadero castigo a sus crímenes”. Minutos después, el presidente Bukele recomendó leer el tuit del fiscal.

Con la notificación a los juzgados de Paz inicia el proceso de extradición, que por lo general dura dos años (tiempo máximo permitido por la legislación salvadoreña para permanecer en prisión preventiva mientras se define la situación jurídica de un acusado) y luego es la mayoría del pleno de la Corte Suprema quien tiene que avalar el envío de un nacional para que sea juzgado en el extranjero.

Estas recientes peticiones de extradición responden a la acusación contra 14 influyentes cabecillas de la MS-13 con la referencia CR 20 577 que fiscales de EUA presentaron en una corte de Nueva York en diciembre de 2020 bajo cargos relacionados con terrorismo. Se trata de los dirigentes históricos de la pandilla que forman la “Ranfla Nacional”.

Esa acusación federal fue revelada hasta enero de 2021, cuando el entonces fiscal general en funciones de Estados Unidos Jeffrey A. Rosen dijo que se trataba de “la acusación más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los EUA contra la MS-13 y su estructura de mando y control”.

El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme, explicó la razón de la acusación en Estados Unidos contra los cabecillas históricos recluidos en prisiones de El Salvador: “incluso desde la cárcel, la Ranfla Nacional continuó dirigiendo las operaciones globales de la MS-13, reclutando nuevos miembros, incluyendo niños, y orquestando asesinatos y caos en todo el mundo”.

La acusación CR 20 577, que fue elaborada con investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), describe a la “Ranfla Nacional” como “la junta directiva de la organización que se encargó de dirigir la violencia y actividad delictiva de la MS-13 en todo el mundo durante casi dos décadas”.

Estas últimas peticiones de extradición, como la de “Diablito”, han ocurrido dentro del régimen de excepción que está vigente en El Salvador desde finales de marzo pasado.

Desde entonces, las autoridades y el mismo presidente Bukele aseguran librar una “guerra contra las pandillas” que ha dejado, según cifras oficiales, unas 20,300 capturas bajo denuncias de arbitrariedades. Sin embargo, no han explicado la negativa a extraditar a los cabecillas.

Camino truncado

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La acusación contra los 14 miembros de la “Ranfla Nacional” fue la segunda acción que Estados Unidos enfiló contra miembros de la Mara Salvatrucha por terrorismo por medio del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano (JTFV, en inglés), una unidad del Departamento de Justicia de EUA establecida en 2019 para coordinar los esfuerzos de las agencias estadounidenses contra la MS-13.

El primer caso ocurrió el 5 de mayo de 2020, cuando un grupo de fiscales del distrito del este de Virginia acusaron a Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, por ocho cargos penales relacionados con homicidio, asociaciones ilícitas, tráfico de armas, narcotráfico y actos de terrorismo.

La justicia estadounidense vincula a Melgar Díaz como autor intelectual de esos delitos debido a su papel como enlace entre los máximos cabecillas de la pandilla, encarcelados en El Salvador, y las estructuras de la MS-13 afincadas en la costa este de Virginia.

Los fiscales pidieron a la corte de Virginia iniciar los trámites de extradición de ‘Blue” a los Estados Unidos de América, pues guarda prisión en El Salvador desde 2018. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña frenó el proceso el 10 de junio de 2021.

Ese día, el pleno de la CSJ decidió avalar la extradición del pandillero salvadoreño. Pero minutos después, los magistrados afines al oficialismo se arrepintieron y decidieron dejar el caso para nuevo “análisis constitucional”. La Corte tiene hasta septiembre de este año para definir la extradición de “Blue”, cuando vence los dos años permitidos para la detención provisional.

Pero no es la única decisión que está a la espera del Pleno de la CSJ, pues un mes antes de esa votación el Juzgado Primero de Paz de San Salvador iniciaba los trámites para extraditar a Hugo Armando Quinteros, alias “Flaco”.

Y entre mayo y junio de 2021, otros tres juzgados de Paz también iniciaron con el proceso de extradición para Efraín Cortez González, alias “Tigre”; Élmer Canales Rivera, alias “Crook”; y Eduardo Erazo Nolasco, alias “Colocho”.

Se trata de las primeras cuatro peticiones de extradición de la acusación contra los 14 jefes pandilleros de la MS-13. Sin embargo, este periódico reveló que estos cabecillas fueron puestos en libertad entre julio de 2021 y febrero de 2022, cuando esos procesos ya estaban en trámite.

Con los siete que se han sumado en los últimos meses, las autoridades estadounidenses ya han completado la solicitud de 11 jefes históricos de la MS-13 para que una corte federal los juzgue por terrorismo. Los tres restantes son Fredy Iván Jandres Parada, alias “Lucky”; César Humberto López Larios, alias “Greñas”; y Saúl Antonio Turcios, alias “Trece”.

Los dos primeros son considerados prófugos de la justicia y el último está en veremos; pues los Estados Unidos lo solicitó desde 2014 para juzgarlos por co-conspirador en una empresa de asocio criminal a la que se atribuye participación en homicidios, tenencia ilegal de armas de fuego, asalto y acoso de testigos. Una acusación diferente a terrorismo.

“Aún no hay una decisión sobre el caso de ‘Trece’, pues la Corte ya tiene la solicitud de él; sin embargo, puede volver a solicitarse por el caso de terrorismo, como los demás”, dijo a este periódico una fuente relacionada con el caso.

Sin embargo, el destino de esas peticiones de extradición depende de la decisión que tomen los magistrados afines al oficialismo que se han mostrado, hasta ahora, a favor por negar el traslado de “Blue” para que enfrente la justicia estadounidense. Una acción que se vuelve clave para el resto de peticiones de pandilleros.

El fiscal Delgado, también cercano al Ejecutivo de Bukele, ha manifestado su postura de negar la extradición de “Blue” y ha pedido, a su vez, analizar el tratado con Estados Unidos.