Washington. Estados Unidos pide “la liberación inmediata” del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión en Nicaragua, afirmó este lunes un portavoz del Departamento de Estado, que afirma que la excarcelación de 222 presos opositores “no fue una panacea”.
“Condenamos esta acción del gobierno de Nicaragua y pedimos la liberación inmediata del obispo Álvarez”, alegó Ned Price, cuatro días después de que el obispo rechazara irse a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país.
Un tribunal condenó al obispo a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de $1.600, además de privarle de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
La semana pasada “dejamos muy claro” que la liberación de esos presos políticos “es un paso bienvenido, fue un paso constructivo, pero de ninguna manera fue una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos respecto al régimen” del mandatario Daniel Ortega, “incluyendo la represión y opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo”, insistió Price.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua, en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho.
“Seguimos pidiendo la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales y seguimos firmes en alentar al gobierno a restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense”, añadió el diplomático este lunes.
El obispo Rolando Álvarez fue sitiado por la policía nicaragüense, en Matagalpa, en agosto del 2022. Foto: Vatican News (Vatican News). (Vatican News)
El viernes pasado, un día después de la excarcelación y deportación de los opositores, privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló por teléfono con su homólogo nicaragüense Denis Moncada sobre “la importancia del diálogo constructivo”.
El gobierno de Ortega se ve sometido a fuertes presiones de la comunidad internacional y a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
