Estado salvadoreño podría estar cometiendo delitos de lesa humanidad en régimen de excepción, advierte informe
El informe asegura que el gobierno de Nayib Bukele es un “violador de derechos humanos” , y que las autoridades de esta política podrían estar cometiendo delitos.
(FILES) In this file photo taken on March 28, 2022 Handout picture released by the press secretary of the Salvadorean Presidency on March 28, 2022 showing members of the Mara Salvatrucha and Barrio 18 gangs under custody during the weekend at the prison in Ciudad Barrios, El Salvador, after the rise in homicide figures that occurred over the past weekend. - Leaders of the Mara Salvatrucha (MS-13) fled to Mexico to avoid the war declared against gangs by President Nayib Bukele in El Salvador, where arrests without warrants will continue for at least another month, the Minister of Justice and Security, Gustavo Villatoro, said in local TV on June 21, 2022. El Salvador has arrested thousands suspected gang members since President Nayib Bukele launched a "war" in March on criminal groups terrorizing the country. (Photo by EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SALVADOREAN PRESIDENCY" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS -
La Prensa Gráfica/El Salvador/GDA
San Salvador. Las miles de capturas arbitrarias y sistemáticas que han sufrido personas en El Salvador por el régimen de excepción y sin motivo aparente, podrían incurrir en crímenes de lesa humanidad y que deberían investigarse, así lo aseguró el reciente informe de Seattle International Foundation (SIF).
“De corroborarse que se han cometido detenciones arbitrarias de manera generalizada y sistemática en el marco del estado de excepción, estos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Gobierno de El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele que gobernará los próximos cinco años, no solo es un violador de derechos humanos, sino también un Gobierno que pueda estar cometiendo crímenes de lesa humanidad”. indicó la SIF.
De acuerdo a la información recabada para el informe, el análisis demostró que la desproporcionalidad entre las capturas de los supuestos pandilleros, que son 12,500 y 1,100 de sus líderes, en comparación con las 75,000 capturas de civiles reportada a la fecha de finalización de dicho documento, consideran que “las cifras reflejan que están deteniendo a población civil sin justificación o motivo y, peor aún, sin investigación previa”.
El informe también menciona a la Corte Penal Internacional (CPI) ,que menciona al delito de persecución, donde existe la “discriminación de hecho”, que es cuando la víctima es atacada por su agresor, solo por pertenecer a un grupo definido por motivos políticos, religioso o raciales. En el caso de El Salvador podría interpretarse que es contra personas que podrían percibirse como “obstáculos para un programa político concreto, esto incluye a los opositores políticos o las personas asociadas a un grupo político rival”, indica la SFI.
Mara Salvatrucha hay 327 denuncias de desaparición forzada y 244 personas que murieron bajo la custodia del Estado. Foto: AFP (HANDOUT/AFP)
Además, registraron de acuerdo a datos de organizaciones del país, que hay 327 denuncias de desaparición forzada y 244 personas que murieron bajo la custodia del Estado.
“Esto plantea un serio problema. Además de vulnerar los derechos de las personas, aumenta el riesgo de que se incremente el número de conductas criminales como la tortura y desaparición forzada”, enfatizaron.
El informe también señala que las autoridades que están trabajando en el plan de seguridad “Cero tolerancia”, que ha dado como resultado encarcelamientos masivos, juicios sumarios, cientos de muertes en custodia, torturas y malos tratos, debe analizarse “la posibilidad de que las autoridades estén cometiendo delitos en el desarrollo de esta política”. Y evaluar si este tipo de hechos se configuran como crímenes de lesa humanidad.
“Plantear esta nueva visión ayudará a entender el nivel de cooptación del Estado por parte del Gobierno que mina la posibilidad de que la jurisdicción interna realice sus investigaciones y sancione a los responsables de los abusos y crímenes ocurridos”, aseveró el estudio.
Reformas sin objetividad
Otro análisis fueron las 24 reformas aprobadas desde que inició el régimen de excepción, en donde retoman lo dicho por otros sectores que han condenado el uso discriminatorio en grupos de personas que las autoridades perciben como “pertenecientes a pandillas o que se reúnen con la finalidad de cometer actos terroristas”. Aseguran que “criminalizan al autor y no al hecho delictivo o al delito cometido”.
Maras Nayib Bukele, presidente del Salvador, ha sido enfático en promover el régimen de "cero tolerancia". Foto: AFP
Dejan claro que estas reformas han fortalecido las actividades de las instituciones como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Ponen como ejemplo las tres reformas emitidas el 29 de noviembre de 2022, Reformas a la ley especial para la intervención de telecomunicaciones, la reforma a la Ley Penal Juvenil y a la Ley de Crimen Organizado, y el decreto 547, solo “hacen vagamente referencia a las estadísticas sobre el incremento de actividades criminales cometidas por poblaciones juveniles, no precisa datos cuantitativos ni las causas estructurales del incremento de esa referencia”.
Recalcan, que “al no ser objetiva, la afirmación tiene apariencia de sesgo discriminatorio” solo por pertenecer a un barrio de pandillas, lo cual podría calificarse como “falacia o categoría sospechosa”.
Preocupa particularmente que las reformas legales implementadas por el Gobierno de Bukele han derivado en la consolidación del poder de la persecución penal en manos del Ejecutivo y en la ausencia de contrapesos institucionales independientes frente a un aparato de justicia que se muestra omiso al investigar y juzgar delitos presuntamente cometidos por sus propios agentes. Ante este escenario, se levantan interrogantes sobre la existencia de una situación generalizada o sistemática de abusos cometidos en el marco de la ejecución de esta política estatal, aseguraron.
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