EscucharDiversas organizaciones de derechos humanos en El Salvador, como Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Centroamérica (Idhuca) y Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), tuvieron un encuentro en la mañana de este viernes con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar un informe sobre el estado de excepción, las capturas arbitrarias y las condiciones de los detenidos durante el régimen.
Las organizaciones también denunciaron las muertes de reos, de las cuales el Estado no brinda explicaciones. “El Estado se niega a otorgar información sobre las detenciones, los delitos y no proporciona información a las familias sobre las muertes. Algunas de esas víctimas fueron enterradas en fosas comunes”, expresó Zaira Navas, de Cristosal.
Además, expresaron su preocupación por el hermetismo que existe en relación con lo que sucede dentro de los centros penales, ya que no se informa a las familias si los detenidos están enfermos o si han fallecido. A esto se suman las diferentes denuncias de maltrato por parte de las autoridades a cargo. “Hay reportes de torturas, insultos y tratos degradantes. Los detenidos están en aislamiento y existe una práctica sistemática de castigos físicos”, agregó.
Según el informe presentado por estas organizaciones, las celdas, que tienen capacidad para 70 reos, albergan hasta 200 personas y se han registrado 172 muertes bajo custodia en los centros penales. Además, se han reportado 182 casos de agresiones.
Las organizaciones también expusieron ante los representantes de la CIDH las capturas arbitrarias que han sido denunciadas por familiares de los detenidos. “Se producen detenciones ilegales por doble juzgamiento. Algunas personas son liberadas y luego detenidas nuevamente. Hasta la fecha, nadie ha sido juzgado y en muchos casos, las personas han estado detenidas por más de 12 meses”, agregó Navas.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el incremento de agresiones hacia los periodistas durante el régimen.
“La prensa no está exenta. Se han registrado 209 afectaciones en el gremio en el marco del régimen de excepción. La mayoría de los ataques provienen de funcionarios públicos”, explicó Angélica Cárcamo.
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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tiene 15 meses de aplicar el régimen de excepción en este país de Centroamérica. Algunos critican la medida, otros lo respaldan. (Oscar Rivera Oscar Rivera)
El Estado se defiende
En contraste, el Estado; representado por Adriana Mira, viceministra de relaciones exteriores, el fiscal general, Rodolfo Delgado, así como el comisionado para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, justificó las medidas del régimen.
“El Salvador se perfiló como uno de los lugares más violentos del mundo. Las maras no respetan género ni autoridad. Ejecución y masacres, fuertemente armados, violentos y retadores, propiciaron una nueva guerra”, expresó Mira.
“Las verdaderas víctimas no son los pandilleros, las víctimas reales son los salvadoreños de bien, la gran mayoría de bien, ellos son quienes merecen ser tenidos en cuenta en primera instancia, que se hagan respetar sus derechos”, agregó.
Por su parte, representantes de la CIDH pidió información sobre las condiciones de las detenciones, sobre los procesos de reparación para las personas detenidas de manera arbitraria, las causas de las muertes en centros penales y los procesos judiciales ante detenciones tan numerosas.
“Quisiera que precisen información concreta sobre la situación de derechos humanos en 2023, el número de personas detenidas, el número de personas que han perdido la vida en custodia del Estado”, cuestionó María Claudia Pulido.
“Hasta el momento, en la FGR no hay ninguna denuncia sobre torturas o tratos degradantes en contra de algún salvadoreño. En cuanto a las muertes en centros penales, decir que en administraciones anteriores era superior”, justificó el Fiscal General, Rodolfo Delgado.
Al finalizar el encuentro las diferentes organizaciones de Derechos Humanos brindaron una conferencia de prensa en la cual se resaltó el hermetismo por parte del gobierno ante esta temática.
“No se ha dado ningún dato que contrarreste la información presentada por las organizaciones de sociedad civil. (La respuesta del estado) ha sido irrespetuosa y cínica”, Verónica Reyna, de Servicio Social Pasionista.
Hasta el momento, 68,200 personas han sido capturadas bajo el régimen, según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad, además de haberse presentado ante la Asamblea Legislativa una décimo sexta prórroga al régimen de excepción, el pasado 11 de julio.
