El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) considera que el presidente de esa nación, Daniel Ortega y, la primera dama, Rosario Murillo, “lograron silenciar a los actores que defienden la democracia”.
La colombiana Ángela María Buitrago respondió consultas de la prensa nicaragüense en Costa Rica sobre lo que fueron las conclusiones del informe que se presentó el 2 de marzo, en el cual se acusó al Gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen “crímenes de lesa humanidad”.
Ella estuvo acompañada por el presidente del Ghren, el alemán Jan-Michael Simon.
- ¿Cuáles pasos siguen luego de la presentación del informe en el que se constituyen “crímenes de lesa humanidad”?
– El informe es claro en sus recomendaciones y conclusiones. Significa que la comunidad internacional puede ejercer lo que se llama el principio de protección, para evitar que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad, como fue verificado en la investigación y se logró demostrar.
“¿Qué pasos quedan? Que la comunidad internacional tome acciones, y esas acciones sean efectivas para impedir que se sigan cometiendo los delitos y también promover investigaciones y sanción. Se identificaron acciones de Daniel Ortega como de Rosario Murillo que determinan la responsabilidad en esta cadena de crímenes de lesa humanidad”.
- El gobierno de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad a 94 nicaragüenses y esto le provoca problemas a los familiares, incluso bullying. ¿Cómo califican que este gobierno le quite la nacionalidad a ciudadanos por el simple hecho de informar?
– Creemos que dentro del informe quedó muy claro que es una forma de persecución que lleva, sin lugar a dudas, a la discriminación y a la eliminación o expulsión de las personas que ellos consideran opositoras al sistema. Pero, además, genera un cierre de espacios de otros derechos que se consideran fundamentales en el derecho de la información, e incluso al derecho de los periodistas.
“Aquí se ven afectados muchísimos periodistas y esto está reflejado en los informes. Ahí se explica cómo son perseguidos los periodistas”.
- ¿Cuáles son las consecuencias concretas que enfrentan las personas a las que se les quitó su nacionalidad?
– Los efectos que causa la pérdida de la nacionalidad hasta ahora los estamos viendo. Los hechos ocurridos en febrero y marzo son temas que llevan a la necesidad de profundizar. Se está viendo una respuesta extendida hacia los familiares de estas personas que perdieron su nacionalidad. Se podrían ver afectados los derechos de los niños, de los adultos mayores, que significa ver cómo esto es una diáspora que está llevando a la extensión de crímenes.
- ¿Qué encontraron en cuanto a los ataques a los derechos humanos?
– Cuando hablamos de los derechos humanos, estamos viendo, claramente, que hay una persecución para evitar que se cumpla una de las funciones más importantes dentro de una democracia, que es coadyuvar a la protección de los derechos humanos. Los órganos de derechos humanos lo que hacen es proteger en toda su extensión y hacer extensiva la obligación del Estado de proteger estos derechos. Cuando se persigue defensores de derechos humanos hay una vulneración doble. Una con el defensor de los derechos humanos y una vulneración con las personas que están siendo protegidas. El efecto es silenciar a los actores que contribuyen con la democracia de un país, esto lo han dicho los relatores de las Naciones Unidas, pero, además, deja indefensas a las personas que son agredidas dentro de un Estado.
- ¿ Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron su objetivo de silenciar?
– Lo lograron. No solo cerraron las organizaciones que velan por los derechos humanos, sino que intimidaron, callaron y generaron exilio y deportación a las personas que podrían seguir con esta labor dentro del país. Incluso, una persona que está en Nicaragua fue acusada de traidora a la patria y se le quitó la nacionalidad, como es el caso de Vilma Núñez.
- ¿Hay alguna información nueva sobre el caso de monseñor Rolando Álvarez?
– Sobre el caso de monseñor Rolando Álvarez tenemos la información que ya todos conocemos, luego de su negativa de salir de Nicaragua. Sin embargo, estamos tratando de conocer detalles de lo que fue su pena de 26 años que se le impuso. Hemos tratado de llegar a esa información, pero ustedes mismos saben que se ha cerrado el estado nicaragüense sobre ese tema.
- ¿Se podría pensar en consecuencias para el régimen?
– Las consecuencias pueden percibirse a través de las decisiones que tomó el Estado de manera arbitraria. No solo al privarlos de su nacionalidad, sino convirtiéndolos en apátridas. Cada país que ha recibido a estas personas, también puede valorar este tema; es una circunstancia dramática lo que vive cada uno de ellos. Pero también la crisis humanitaria que esto provoca al núcleo extendido en la familia.