Una exalumna de la Universidad de Cornell presentó una demanda, el 14 de setiembre, en la que afirmaba que fue violada durante horas y coaccionada para consumir drogas por un grupo de hombres, en la casa de la fraternidad Chi Phi de Cornell, en el 2024.
Esta información fue publicada por el diario universitario independiente The Cornell Daily Sun durante la misma semana en que la joven, identificada como Jane Doe (seudónimo utilizado para mantener el anonimato) presentó la demanda y, posteriormente fue replicada por medios de todo el mundo.
En específico, ella demandó:
—A la universidad.
—A varias organizaciones de la fraternidad Chi Phi.
—A siete actuales y antiguos estudiantes.
—A varias organizaciones de hermandades femeninas.
—Al expresidente del capítulo Xi de Chi Phi (el grupo de la fraternidad en Cornell).
—A un bar local.
—A varios individuos no identificados.
La demanda busca una indemnización por daños y perjuicios de todos los acusados.
Los miembros de Chi Phi mencionados en la demanda son: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.
La presunta agresión en Cornell
La presunta agresión sexual comenzó la noche del 19 de octubre del 2024, cuando Jane Doe era una estudiante de 20 años en Cornell. Su velada inició en la casa de la hermandad femenina Tri-Delta de Cornell, donde consumió bebidas alcohólicas fuertes antes de asistir a un evento en un bar local.
En el bar, la joven, de acuerdo con la denuncia, llevaba marcas en las manos que indicaban que era menor de edad y se encontraba visiblemente ebria. A pesar de ello, el personal le habría servido alcohol.
Pasadas las 11 p. m., la demandante salió del local y caminó sola “tambaleándose” hacia la casa de la fraternidad Chi Phi de Cornell para encontrarse con un amigo, el ahora demandado Matthew Ingalls.
En ese lugar, Ingalls supuestamente propuso un trío sexual en el que participarían él, Jane Doe y otro miembro de la fraternidad. Aunque la demandante estaba incapacitada para dar su consentimiento, la denuncia alega que el acusado la llevó a una habitación donde fue presionada para inhalar lo que parecía ser ketamina, consumir marihuana y beber lo que se cree que era ron de alta graduación.
Según la denuncia, los demandados Ingalls y Newell, sin el consentimiento de Jane Doe, comenzaron simultáneamente a practicarle sexo oral y vaginal. Posteriormente, Lopes se unió al abuso.
Después de que el demandado Newell supuestamente animara a sus compañeros de fraternidad a unirse a la agresión alrededor de la 1:42 a. m. mediante un mensaje enviado a un grupo de Snapchat titulado “Chi Phi Actives”, otros miembros del capítulo Xi entraron en la habitación donde se encontraba la demandante.
La agresión, durante la cual Jane Doe habría sido obligada nuevamente a participar en actos de sexo oral y vaginal simultáneos y a inhalar más ketamina, se habría prolongado hasta cerca de las 5:45 a. m.
La demanda señala que el teléfono de la demandante estaba fuera de su alcance y que Jane Doe sintió que no había forma de escapar. Asimismo, recalca que los estudiantes demandados eran plenamente conscientes del estado en que se encontraba la joven.
Reportes y sanciones
The Cornell Daily Sun informó que la denunciante comunicó el incidente al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre del 2024.
Siete días después, el 14 de noviembre, habló en una reunión con un investigador de la policía de Cornell y con otro de la oficina de Título IX de la universidad (ley que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier institución educativa que reciba fondos del gobierno federal), según The New York Times.
Posteriormente, la policía de Cornell notificó a un fiscal del Condado de Tompkins para que revisara y determinara si las acusaciones de Jane Doe constituían denuncias penales. Este fiscal anunció que no se presentarían cargos penales y se negó a examinar pruebas adicionales presentadas por la policía de Cornell.
En enero del 2025, Cornell inició su investigación con un panel de tres miembros que se reunió a través de Zoom a lo largo de 12 días, en mayo del 2025. El comité no concluyó que Jane Doe hubiera sufrido una agresión sexual, y las sanciones impuestas a los siete estudiantes variaron considerablemente.
The New York Times informó que Ingalls y Newell fueron expulsados. Winston Lee fue suspendido durante dos años, con varios semestres de prueba disciplinaria a su regreso, y Lopes recibió una suspensión de tres semestres y dos años de prueba.
A ambos se les prohibió contactar a Jane Doe y se les exigió estudiar sobre el acoso sexual y redactar “ensayos de reflexión”.
En el caso de Sarabia, se emitió una orden de persona non grata, pues ya se había graduado para cuando el comité disciplinario dictó su resolución. A Norris y Kretzschmar por su parte, se les ordenó no contactar a Jane Doe y se les exigió estudiar sobre el acoso sexual, el uso de redes sociales y la intervención de testigos, además de redactar otros “ensayos de reflexión”.
Los siete han negado haber cometido alguna falta y ninguno ha sido acusado de ningún delito. Su fraternidad, Chi Phi, fue vetada del campus.
De acuerdo con el medio neoyorquino, el abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra, declaró que las sanciones no reflejaban la gravedad de las acusaciones y que, a excepción de dos de ellos, todos aún podrían obtener sus títulos de Cornell.
Por el contrario, afirmó, duda que Jane Doe siquiera logre graduarse de la universidad o llevar una vida normal, tras el daño que presuntamente le hicieron.
Tras la demanda
Ahora, la demanda de Jane Doe formula reclamaciones contra la Universidad de Cornell por negligencia, supervisión negligente, incumplimiento de contrato, violación de las leyes estatales de derechos humanos y educación, e imposición negligente de angustia emocional.
Además, la presunta víctima acusa a las entidades de la hermandad Tri-Delta de negligencia e incumplimiento de contrato, a los demandados de Chi Phi de supervisión negligente y a los siete estudiantes de agresión sexual, contacto sexual sin consentimiento e imposición intencional de angustia emocional.
Luego de la presentación de la demanda, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nombró a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para investigar el caso.
Asimismo, Cornell contrató a Sally Yates, fiscal federal de carrera y exfiscal general interina de los Estados Unidos, para dirigir una revisión interna de las acusaciones de Jane Doe.
El caso en cuestión también llevó a Hochul a comprometerse a cerrar un vacío legal en la normativa de Nueva York que dificulta el enjuiciamiento de agresiones sexuales cuando la víctima ha consumido alcohol o drogas voluntariamente.
Según la legislación estatal vigente, no se considera que una persona que actúa de este modo esté “mentalmente incapacitada” durante un abuso, aun cuando su nivel de intoxicación le impida prestar su consentimiento.
Agresión sexual en el campus
La situación en Cornell ha provocado indignación tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Asimismo, ha vuelto a centrar la atención en otras víctimas de universidades de todo el país que quedaron insatisfechas con la gestión institucional de sus casos.
CNN recordó los casos de Emma Sulkowicz, quien cargó un colchón para protestar por la gestión de su denuncia de agresión sexual, y de Summer Willis, quien se arrastró hasta el Capitolio de Texas para lograr un cambio en el vacío legal que permitió que su violación quedara impune.
En un video, el rector de Cornell, Michael Kotlikoff, declaró que las semanas posteriores a la noticia de la demanda de Jane Doe han sido de las más difíciles para la universidad.
Afirmó, también, que la institución respalda una investigación independiente sobre las acusaciones y que Cornell será más transparente en cuanto al manejo de los casos de agresión sexual en el futuro.