Aumenta tensión en Guatemala tras una semana de protestas contra polémica fiscal

Portando banderas guatemaltecas -azul y blanco-, una multitud protestó frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) en la capital, mientras que otros miles mantenían cerradas, con camiones, automóviles, motocicletas y otros obstáculos, un centenar de tramos de carreteras en todo el país, estimó la policía.

"¡Fuera corruptos!", "¡Fuera golpistas!", "¡Renuncien!", decían pancartas que llevaban manifestantes frente a la Fiscalía y otras instituciones estatales, mientras hacían sonar silbatos y cornetas de plástico.

Desde hace ocho días, se mantienen los bloqueos para exigir la salida de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.

Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países y organismos internacionales, el opositor Arévalo considera que los tres funcionarios atentan contra la democracia y buscan evitar que asuma la presidencia el 14 de enero.

Arévalo, que este fin de semana cumplió 65 años, los acusa de liderar un "golpe de Estado en curso" por el temor de las élites del poder a su promesa de lucha contra la corrupción.

Las protestas fueron convocadas inicialmente por organizaciones indígenas del oeste de Guatemala y luego se unieron grupos universitarios, maestros, médicos y otros gremios de las ciudades.

“Hasta que renuncie”

Varios negocios, empresas y mercados cerraron sus puertas, lo que ya comenzó a provocar un desabastecimiento de verduras y de combustibles, incluido el que se utiliza para aviones.

“No nos vamos a ir de aquí hasta que renuncie, hay gente que nos ha venido a apoyar, nos ha venido a dejar comida. La gente está bien unida”, dijo en la exclusiva zona de Cayalá, periferia noreste de Ciudad de Guatemala, un manifestante que cubría su rostro con un pañuelo.

Pero la fiscal ha descartado en varias ocasiones renunciar y este lunes urgió a las fuerzas de seguridad actuar para desbloquear las vías, como lo dispuso la Corte Constitucional al acoger un recurso de amparo presentado por empresarios.

"Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito", reclamó la funcionaria en un video difundido en redes sociales.

La fiscal, Curruchiche y Orellana, que también avalaron la inhabilitación del partido político de Arévalo, son considerados por Estados Unidos como "corruptos" y "antidemocráticos".

"Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley, los bloqueos son ilegales", sentenció presidente Alejandro Giammattei en un mensaje a la nación.

El mandatario también descartó que se pueda cometer un "golpe de Estado" a alguien que no ha asumido la presidencia y reconoció que los incidentes se comenzaron a salir de "control y provocar caos" perjudicando la economía del país.

Giammattei afirmó tener pruebas de un financiamiento de personas extranjeras para las protestas, sin precisar nombres, tras responsabilizar a Arévalo de la crisis.

También hizo un llamado al futuro presidente para sostener una reunión con los delegados de la misión de mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se asegure "la entrega del poder el 14 de enero, pero en un país en paz y no confrontado". La misión llegó el domingo para buscar una salida al conflicto.

¿Estado de sitio?

Copiado!

En la mañana, Arévalo no descartó que la situación se salga de control si el gobierno decreta un estado de excepción.

"Lo que se busca es exacerbar las tensiones" y actos de violencia que sean usados "como excusa para declarar un estado de sitio (...), una suspensión de las garantías constitucionales y en ese marco cualquier cosa podría suceder", advirtió.

La noche de este lunes, un grupo personas se infiltró entre los manifestantes, según la policía, y atacó a los agentes, quienes lanzaron gases lacrimógenos para disipar la protesta enfrente del Palacio de la Cultura, antigua sede de gobierno.

El pasado fin de semana, la Corte Constitucional acogió un recurso de amparo para blindar la toma de posesión presidencial, pero los organizadores de las protestas señalan que están en un “paro indefinido” hasta lograr la renuncia de Porras.