Los cuestionamientos recurrentes a la legitimidad de los poderes del Estado en Costa Rica representan un riesgo significativo para la estabilidad democrática, según Marcela Ríos Tobar. La experta, en diálogo con este medio, destacó cómo estas dinámicas pueden erosionar la confianza ciudadana y afectar el funcionamiento del sistema democrático, advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer la independencia y el equilibrio entre los poderes del Estado para preservar la gobernabilidad.
Ríos Tobar es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización que trabaja para fortalecer las democracias en todo el mundo.
Desde su posición, lidera iniciativas en países como Panamá, Perú, Chile y Uruguay, además de gestionar una cartera regional enfocada en promover la transparencia, la participación electoral y la representación política. Ríos también es responsable de establecer alianzas estratégicas con donantes y socios, y de brindar asistencia técnica en materia de democracia y elecciones.
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Con una formación académica como socióloga y politóloga, y una destacada trayectoria profesional, Ríos ha analizado profundamente los desafíos que enfrentan las democracias de América Latina, incluyendo Costa Rica. Su trabajo y liderazgo la han convertido en una voz experta y autorizada en temas como el fortalecimiento institucional, los riesgos de la fragmentación política y los efectos del populismo y la polarización en la región.
En esta entrevista con La Nación, a finales de noviembre, Marcela Ríos ofrece una perspectiva detallada sobre el estado de la democracia en Costa Rica, destacando preocupaciones como la disminución de la participación electoral, la proliferación de “partidos taxi” y el discurso confrontativo hacia las instituciones autónomas. Sus reflexiones no solo permiten comprender los riesgos actuales, sino también las oportunidades para fortalecer el sistema democrático en un país históricamente reconocido por su estabilidad política.
– Desde su punto de vista, ¿cómo cataloga la salud de la democracia latinoamericana?
Bueno, creo que estamos en un momento difícil para la democracia, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Idea Internacional publica cada año un informe sobre el estado de la democracia y este año nos concentramos en temas de integridad electoral. La mirada que realizamos a través del Estado anual de la democracia, informe que lanzamos en setiembre, refleja que América Latina lleva al menos ocho años en una suerte de estancamiento. Observamos más retrocesos que avances en las cuatro áreas que evaluamos: participación, representación, derechos y Estado de Derecho.
”El deterioro de las democracias en América Latina ya venía gestándose antes de la pandemia, y estos retrocesos son desiguales; no todas las democracias enfrentan los mismos niveles de deterioro, ni en todas las áreas las situaciones son igualmente negativas. Sin embargo, América Latina sigue siendo una región destacada en aspectos como participación y representación. Por ejemplo, es líder en igualdad de género y mantiene altos niveles de participación electoral en la mayoría de los países.
“A pesar de esto, estamos viendo retrocesos importantes, incluso en democracias históricamente sólidas como Costa Rica y Chile, cuyos indicadores siempre habían sido positivos. Es un momento complejo, no de expansión, sino de restricción de las democracias. Consideramos que este es un momento que requiere innovación y colaboración entre demócratas, independientemente de sus posturas ideológicas. Es esencial proteger los sistemas democráticos”.
– En el caso de Costa Rica, ¿qué puntos de alerta destaca?
Identifico tres principales preocupaciones. Primero, la disminución de la participación electoral. En la elección municipal de este año, hubo una baja concurrencia a las urnas, lo que refleja desinterés ciudadano en procesos tan relevantes.
“Segundo, la polarización del debate público. Costa Rica históricamente ha sido un país con debates mesurados y respeto hacia los adversarios políticos, pero ahora enfrenta un ambiente mucho más polarizado.
“Finalmente, está la fragmentación del sistema de partidos. Aunque el surgimiento de nuevos partidos no es intrínsecamente negativo, su proliferación desordenada dificulta que los ciudadanos comprendan las diferencias programáticas entre ellos. Además, esto genera inestabilidad política, ya que complica la construcción de mayorías en el Congreso y el impulso de agendas legislativas”.
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– Esto conecta con el fenómeno de los “partidos taxi”, como el que llevó al presidente Rodrigo Chaves al poder. ¿Qué opinión le merece este tipo de dinámicas?
Es un indicador de riesgo. Los partidos que operan como vehículos efímeros, sin programas ni propuestas claras, debilitan la democracia. Las democracias representativas necesitan sistemas de partidos sólidos que representen intereses y posiciones ideológicas, permitiendo a los ciudadanos evaluar propuestas y exigir rendición de cuentas.
“En América Latina, estamos viendo un aumento en candidaturas independientes y discursos antiestablishment. Aunque atractivos en el corto plazo, estos discursos son riesgosos porque suelen carecer de sustento programático. Esto dificulta la gobernabilidad, especialmente en sistemas presidenciales donde los presidentes dependen de mayorías legislativas para implementar sus agendas”.
— ¿Cómo compara esto con lo que sucede en países como Perú y Ecuador?
Ambos son ejemplos claros de las consecuencias negativas de la fragmentación política y la desaparición de sistemas de partidos sólidos. En estos países, los partidos se fragmentan constantemente, y las personas cambian de afiliación o crean nuevos partidos con regularidad. Esto no fortalece las instituciones democráticas ni facilita la gobernabilidad.
”Debemos pensar seriamente en cómo fortalecer los partidos políticos. Esto incluye generar mejores incentivos y reflexionar sobre por qué los ciudadanos están optando por candidaturas alternativas. Los partidos tradicionales tienen la responsabilidad de responder a las expectativas de los ciudadanos para mantener su adhesión y ser representativos de manera efectiva”.
– El apoyo creciente a figuras individuales en Costa Rica parece evidenciar un desgaste en la confianza hacia los partidos políticos. ¿Cómo deberían los partidos políticos responder a esta pérdida de credibilidad para recuperar la confianza ciudadana?
Creo que esta es una discusión importante. La desconfianza de la ciudadanía hacia la democracia es real y objetiva. Todos quienes creemos en la democracia debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Como mencioné antes, no hay buenas democracias sin partidos políticos. Los partidos son una pieza clave de las democracias representativas. Por lo tanto, es fundamental buscar mecanismos para fortalecerlos.
“En Costa Rica debería trabajarse en medidas para disminuir la cantidad de partidos políticos. Esto implicaría disolver los llamados “partidos fantasmas”, aquellos registrados legalmente pero que no tienen actividad real. También es necesario reducir los incentivos para que nuevos grupos creen partidos de forma indiscriminada. Muchas veces, se crea una ‘marca’ o un partido para una elección y, si no funciona, o si hay conflictos internos, se abandona para fundar otro. Esta dinámica es dañina para la democracia y para la política en general. Debemos buscar formas efectivas de limitar estas prácticas”.
– Aprovecho para preguntarle su opinión sobre lo que ha sucedido últimamente, especialmente con el presidente Rodrigo Chaves, quien tiene un discurso más confrontativo hacia el Poder Judicial y el Congreso. Este tono parece ser algo muy distinto a lo que históricamente se ha visto en el país. ¿Qué opina al respecto?
Sí, efectivamente, esto se aleja mucho de la tradición política costarricense. Como mencioné antes, Costa Rica ha sido históricamente una de las democracias más sólidas de América Latina. Parte de esta solidez radica en haber construido instituciones fuertes con contrapesos efectivos entre los poderes.
”La autonomía de los poderes del Estado, que permite su rol fiscalizador frente al Poder Ejecutivo, ha sido clave. Sin esta fiscalización y sin la independencia de los poderes, la democracia no puede sostenerse. Vemos ejemplos claros en la región, como Nicaragua y Venezuela, donde la debilitación de los órganos autónomos ha llevado a un colapso democrático”.
– ¿No es un camino riesgoso?
Es un camino muy riesgoso. Atacar constantemente la legitimidad de las instituciones del Estado o buscar mermar su autonomía puede generar una reacción adversa entre los ciudadanos. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia, es fundamental que las personas tengan confianza en la igualdad ante la ley y en la capacidad de las instituciones para proteger sus derechos.
”Si se cuestiona de manera constante a estas instituciones, o se presiona indebidamente a los jueces, resulta muy difícil que puedan cumplir su labor. El llamado aquí es a no profundizar estos discursos que buscan debilitar la legitimidad y el respeto hacia las instituciones autónomas. De acuerdo con la Constitución, estas instituciones deben mantener su independencia, y eso es esencial para el funcionamiento de un sistema democrático. Esto es especialmente relevante en sistemas presidenciales, que se fundamentan en el equilibrio de poderes”.