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Diversas organizaciones defensoras de derechos civiles y líderes comunitarios han expresado su preocupación. La directora de la National Partnership for New Americans, Nicole Melaku, señaló que medidas similares han tenido consecuencias graves en el pasado.
En tanto, Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, afirmó que el sistema implementado pretende provocar miedo y facilitar la separación familiar.
En ciudades como Los Ángeles, muchos migrantes han comenzado a expresar confusión sobre si deben acatar la medida.
Una residente de esta ciudad indicó que, pese a cumplir con sus obligaciones fiscales, la incertidumbre sigue presente, pues temen que el registro pueda derivar en nuevas acciones contra quienes viven en el país.
Consecuencias por no registrarse
Quienes no cumplan con la orden enfrentan sanciones económicas de hasta $5.000. Además, se exponen a penas de detención de hasta 30 días y a ser considerados culpables de un delito menor, según la información proporcionada por el USCIS.
La entrada en vigor de esta normativa coincidió con el primer día de mandato del presidente Trump, lo cual ha aumentado la inquietud entre las comunidades migrantes.
El registro se presenta como un mecanismo obligatorio sin importar el estatus legal del extranjero, lo que ha desatado nuevas tensiones en un contexto ya marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias.
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