Su promulgación coincidió con el 4 de julio, una fecha simbólica para el país, y desató preocupación entre los gobernadores demócratas, quienes advierten que las medidas incluidas en el proyecto tendrán un impacto significativo en los migrantes, especialmente en la comunidad latina.
Uno de los puntos más polémicos de esta legislación es la implementación de un impuesto del 1% sobre el monto de las remesas enviadas al extranjero.
Este gravamen, que será aplicado a partir del 31 de diciembre de 2025, afectará principalmente a los migrantes latinos que envían dinero regularmente a sus familias en países como México, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.
Según el texto del proyecto, se considerará “transferencia de remesa” cualquier operación definida bajo la Ley de Transferencia de Fondos Electrónicos, excluyendo algunos pagos electrónicos relacionados con transacciones comerciales, pero impactando directamente las transferencias personales.
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Además del impuesto a las remesas, la nueva legislación introduce restricciones significativas en el acceso a programas sociales clave como el SNAP (cupones de alimentos), Medicaid y el crédito fiscal premium para seguros de salud.
A partir de la entrada en vigor de la ley, se limitará el acceso a estos beneficios a quienes no tengan un estatus migratorio legal permanente, así como a ciertos grupos con protecciones legales específicas.
Esto representa un endurecimiento en las políticas de asistencia social para las comunidades migrantes más vulnerables.
El proyecto también incluye un aumento considerable en las tarifas asociadas a los procesos migratorios. Estas nuevas tasas, que no podrán ser eximidas salvo en casos muy específicos, estarán sujetas a actualizaciones automáticas basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que podría traducirse en incrementos anuales.
Estas medidas han sido justificadas como un esfuerzo por aumentar los ingresos del sistema migratorio, pero han generado críticas por el costo adicional que impondrán a los migrantes.
Por otro lado, el “One Big, Beautiful Bill Act” asigna más de $100.000 millones a reforzar el sistema migratorio desde una perspectiva de seguridad. Los fondos serán destinados a agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia (DOJ).
Según los promotores de la ley, estos recursos buscan fortalecer la capacidad de las instituciones para manejar asuntos migratorios, aunque los críticos argumentan que se prioriza la seguridad sobre el bienestar de las personas afectadas.
La aprobación de este paquete fiscal marca un cambio importante en las políticas migratorias y fiscales de Estados Unidos, con repercusiones directas para millones de migrantes, en especial la comunidad latina.
A medida que estas disposiciones comiencen a implementarse, los efectos económicos y sociales seguirán siendo un tema de debate entre legisladores, activistas y las comunidades afectadas.
