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“Se impone a cualquier transferencia de remesas un impuesto equivalente al 1% del importe”, se lee en el texto adoptado por los senadores por estrecho margen.
Si la Cámara de Representantes da luz verde se aplicaría a las transferencias realizadas a partir del 31 de diciembre de 2025.
Debe pagarlo el titular de la transferencia. No se aplicará si el dinero procede de una cuenta bancaria en Estados Unidos o se realiza con una tarjeta de crédito o débito emitida en el país.
El impuesto queda limitado a las transferencias en dinero en efectivo y en “instrumentos similares”, por ejemplo un cheque de caja.
El lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que para los migrantes que envían dinero en efectivo su gobierno anunciará esta semana “un programa especial (...) para poderles reembolsar ese 1%”.
Los republicanos de Trump tienen una estrecha mayoría en la cámara baja pero varios conservadores ven con malos ojos el texto porque dispara el déficit federal e incluye colosales recortes en seguro de salud impopulares entre los votantes.
Trump se ha fijado el 4 de julio, Día de la Independencia, como fecha tope simbólica para promulgarlo.
Según las previsiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las remesas enviadas a países de América Latina y el Caribe marcaron un récord en 2024, con 161.000 millones de dólares, siendo México el principal país de destino con casi 65.000 millones.
Los empobrecidos estados mexicanos de Chiapas y Guerrero, en el sur, son los que más dependen de estos recursos, según un análisis del banco privado BBVA.
En Chiapas, las remesas equivalen al 15,9% del PIB estatal y en Guerrero al 13,8%.
Según el Banco Mundial, los flujos de remesas también son elevados en otros países de América Latina y El Caribe: representan más del 15% del PIB en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Jamaica.
