Un comunicado de la Fiscalía de Morelos detalló que el cadáver de Orta Salgado, de 43 años, apareció el domingo en la tarde dentro del portaequipajes de su vehículo, abandonado en la zona norte de Cuernavaca (centro), capital estatal, luego de ser reportado como desaparecido por familiares.
“El cuerpo se encontraba en la parte trasera, en el maletero, sin aparentes lesiones por arma de fuego; el rostro estaba cubierto con un pañuelo de colores)”, agregó.
Detalló que el periodista, quien por varios años trabajó en un diario local en la cobertura de asuntos policiales, fue visto por última vez con vida el sábado en la madrugada en Cuernavaca, a unos 90 km de la ciudad de México.
Orta Salgado trabajó como reportero hasta diciembre para el diario El Sol de Cuernavaca , que pertenence a la Organización Editorial Mexicana, con varios rotativos en el país y propiedad de Mario Vázquez Raña, dirigente de la Organización Deportiva Panamericana y exmiembro del Comité Olímpico Internacional.
De acuerdo con fuentes de El Sol de Cuernavaca , Orta Salgado pidió un permiso para dejar su puesto de reportero e integrarse a una organización denominada Emprendedores por la Nación, ligada al PRI y que apoya la campaña del candidato presidencial de ese partido, Enrique Peña Nieto.
México es considerado uno de los países más peligrosos en el mundo para el ejercicio del periodismo. Según la Comisión de Derechos Humanos (estatal), al menos 77 comunicadores han sido asesinados en México desde 2000.
Los asesinatos más recientes de periodistas tuvieron lugar en el estado de Veracruz , distrito azotado por la violencia del narcotrático y donde a fines de abril y comienzos de mayo, en menos de una semana fueron ultimados una reportera y tres fotógrafos.
Tal situación motivó ayer a cuatro relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a urgir al Gobierno mexicano a aplicar, de manera rápida y efectiva, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora” , dijo Margaret Sekaggya, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
