En un texto no vinculante aprobado por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones, la Asamblea subrayó que la consulta popular del 16 de marzo en la península de Crimea “no tiene validez” porque “no fue autorizada” por el Gobierno de Kiev.
“Afirmamos nuestro compromiso con la soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial de Ucrania a partir de sus fronteras reconocidas internacionalmente”, consignó la resolución presentada por seis países y copatrocinada por otras 41 naciones.
Por ello, la Asamblea hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a los Estados, las organizaciones internacionales y las agencias especializadas, para que no reconozcan la anexión de Crimea a la federación rusa.
La resolución, que no puede ser vetada a diferencia de los textos del Consejo, urgió a las partes a ejercer “moderación” y abstenerse de “acciones unilaterales” .
Sin mencionar a Rusia, llamó a los países a desistir de acciones que busquen “quebrantar” la integridad territorial de Ucrania, “incluido cualquier intento de modificar sus fronteras bajo la amenaza del uso de la fuerza”.
“Lo que ha ocurrido en mi país es una violación directa de la Carta de la ONU (...) y ha ocurrido en el corazón de Europa en pleno siglo XXI”, dijo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores en funciones, Andriy Deshchystsya, al presentar la resolución.
Durante el debate previo a la votación, criticó que su país haya sido privado de parte de su territorio por un Estado, Rusia, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y que, según dijo, “había garantizado la integridad territorial” de Ucrania.
Para Deshchystsya, los debates de las últimas semanas en el Consejo han puesto de manifiesto “lo aislada que está Rusia”, un país que ha ejercido su derecho de veto para impedir la aprobación de resoluciones sobre la crisis ucraniana.
Por su parte, el embajador ruso, Vitaly Chrurkin, recordó que Crimea aprobó por “abrumadora” mayoría reintegrarse a Rusia, que “no puede rehusar el deseo de autodeterminación” de los crimeos “porque durante siglos fueron parte integral” de su país.
Chrurkin, que dijo que solo una “decisión arbitraria” de la dirección de la antigua Unión Soviética entregó Crimea a Ucrania, denunció que “personal de la Embajada estadounidense” participó en la organización de protestas contra el anterior Gobierno ucraniano.
“En lugar de un gobierno de unidad nacional apareció un gobierno de vencedores, con un partido racista, antisemita y xenófobo”, añadió el embajador ruso, que dijo que la primera decisión del nuevo Gobierno ucraniano fue “revocar la situación de la lengua rusa”.
La embajadora estadounidense, Samantha Power, destacó durante su intervención que la resolución busca mostrar el compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania de la comunidad internacional, que aboga por una solución pacífica a la crisis.
“Las fronteras no son meras sugerencias”, afirmó Power, quien reconoció que Rusia tiene intereses “legítimos" en Ucrania y dijo que el derecho a la libre autodeterminación es un valor a defender, pero pidió que no se reconozca el referéndum de Crimea.
Por su parte, el representante de la Unión Europea, Thomas Mayr-Harting, expresó que en el siglo XXI no puede haber lugar para el uso de la fuerza o la coerción para cambiar las fronteras en Europa o en cualquier otro lugar del mundo.
Así, tras llamar a Moscú a dar pasos para acabar con la crisis y retirar sus fuerzas militares de Crimea, defendió las sanciones aprobadas y reiteró el compromiso de la Unión Europea de seguir apoyando la unidad e integridad territorial de Ucrania.
En el debate se mostraron contrarios a la resolución países como Nicaragua, que también condenó las sanciones económicos contra Rusia impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y Cuba, que criticó “el doble rasero y la hipocresía” de la posición de la OTAN en este conflicto.
A favor de la resolución se pronunciaron España y otros países de América Latina como Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Perú.
Junto a Rusia, votaron en contra Armenia, Bielorrusia, Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Sudán, Siria, Venezuela y Zimbabue, mientras China, India y otros latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay se abstuvieron.