Este organismo acusó a Google de vulnerar las reglas europeas sobre el uso de los datos de geolocalización de sus usuarios entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
Es la cuarta multa más elevada impuesta por la Comisión Irlandesa para la Protección de Datos (DPC), encargada de supervisar a nivel europeo el funcionamiento de Google, cuya sede continental está en Dublín.
Según el comisario adjunto de la DPC, Graham Doyle, “como consecuencia de los fallos de Google (...) las personas podrían no haber sido conscientes de que su ubicación se utilizaba, por ejemplo, para influir en ellas mediante anuncios o para inferir sus intereses”.
Google reaccionó asegurando que “el caso se centra en políticas históricas que desde entonces han sido actualizadas”.
“Desde 2019, hemos evolucionado considerablemente nuestras prácticas y hemos puesto en marcha herramientas sólidas que facilitan la gestión de los datos de localización”, añadió la compañía en un comunicado.
