“En esta etapa se reanudará lo que corresponda para que el órgano competente proceda con la ejecución de la sanción impuesta”, explicó el ente contralor.
De momento, la sanción no se ha concretado, pues la Contraloría se encontraba a la espera de que los Tribunales resolvieran la apelación.
En enero de este año, a Contraloría sancionó a la presidenta del INS por aparentemente contratar de forma irregular dos servicios de asesoría legal con los bufetes DPI Legal y José Paulino Hernández, en los años 2021 y 2022, cuando fungía como asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS.
Las contrataciones, por un total de ¢42,5 millones, se habrían realizado de forma directa y sin los estudios técnicos y jurídicos requeridos, incumpliendo las normas de contratación administrativa.
Imputación infundada
Ante lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones, la presidenta del INS comentó a este diario que respeta la decisión del Tribunal en relación con la medida cautelar.
No obstante, recalcó que esta no limita su derecho de continuar con la acción judicial y aseguró que mantendrá la demanda para anular la resolución que la Contraloría emitió en su contra.
“Los argumentos presentados siguen siendo los mismos: las imputaciones que se me hicieron son infundadas, la sanción es desmedida, mi actuación en todo momento fue correcta y así lo continuaré defendiendo”, afirmó la jerarca del INS.
Chacón Fernández expuso además que, aunque se levantó la medida cautelar, el Tribunal reconoció que el caso debe ser discutido a fondo para determinar una eventual ilegalidad en la resolución emitida por la Contraloría.
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En la decisión de enero pasado, la Contraloría determinó la responsabilidad administrativa de Chacón Fernández y otros funcionarios mediante el acto final 8849-2024, que fue ratificado en diciembre del 2024, luego de resolver los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los investigados.
Entre los sancionados también se encuentran Carlos Gamboa Ramírez, quien era el encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, entonces jefa de Proveeduría; y Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del INS.
Las contrataciones fueron realizadas para desarrollar una investigación preliminar y un proceso disciplinario contra el auditor general del INS, Gustavo Retana Calvo, por supuestas anomalías en el despido de varios funcionarios.
Colaboró el editor Óscar Rodríguez.
