Tras instrucción de Laura Fernández, Bomberos hizo millonaria compra de ambulancias invitando a un único oferente extranjero y dejando por fuera a empresas locales
La instrucción presidencial del 31 de julio sirvió de fundamento para tramitar por vía urgente la adquisición de 40 vehículos por casi ¢6.500 millones.
Una instrucción de Laura Fernández sirvió de fundamento para que Bomberos comprara 40 ambulancias por vía urgente, en un proceso cuestionado por una empresa excluida. En la imagen, aparece con Gabriela Chacón, presidenta del INS y de Bomberos. José Cordero
La presidenta de la República, Laura Fernández, instruyó al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a fortalecer los servicios de atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país, una orden que la institución utilizó para hacer una millonaria compra invitando a un único oferente brasileño y dejando por fuera a empresas locales con experiencia en el mercado.
Bomberos tramitó forma urgente la compra de 40 ambulancias básicas por $13,8 millones, casi ¢6.500 millones.
La instrucción de Fernández quedó consignada en un acuerdo del 31 de julio del 2026, citado en un informe de recomendación de la Unidad de Proveeduría de Bomberos y enviado el 25 de setiembre a Héctor Chaves León, director de la institución.
“La Dirección Operativa del BCBCR expuso y sustentó la necesidad pública e imperiosa, prioritaria e impostergable de que el BCBCR fortalezca el servicio de la atención prehospitalaria (APH), en el territorio nacional, esto bajo la instrucción de la presidente de la República Laura Fernández Delgado y del Consejo Sectorial de Salud del Estado mediante acuerdo de acatamiento imperativo emitido en sesión ordinaria número 03-2026, del 31 de julio 2026″, expone el informe.
La Nación tiene copia de este último documento, consignado en el expediente de contratación 2026XE-000002-0012800001, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Según el informe de Proveeduría, la Dirección Operativa de Bomberos justificó la compra por la necesidad pública, prioritaria e impostergable de reforzar ese servicio. Con ese fundamento, Bomberos recurrió al artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que permite utilizar un procedimiento especial ante situaciones urgentes.
Una compra de este tamaño amerita una licitación mayor, debido a que el monto de la compra superaba el umbral establecido por la Contraloría General de la República (CGR), de ¢258,2 millones, pero Bomberos alegó que se trata de una situación urgente.
La Nación envió el 30 de octubre consultas al Cuerpo de Bomberos, por medio del INS, sobre el proceso y las razones para adjudicar el contrato a empresas sin experiencia en la venta de ambulancias en el país. Al cierre de edición, el INS había trasladado las preguntas a la Benemérita y se esperaba una respuesta.
Ese mismo día, el diario consultó al vocero de prensa de SGSV, Antonio Alexandre García, cómo se enteró la empresa de la licitación y cuál era su experiencia en contrataciones ajenas a la venta de ambulancias. Al cierre de edición, aún no había respondido, aunque García indicó que enviaría sus respuestas el 2 de noviembre.
Bomberos justificó la compra por una instrucción de Laura Fernández. Una de las empresas excluidas alegó irregularidades en los requisitos de experiencia exigidos al consorcio adjudicatario. (alonso tenorio)
Contratación con un único oferente
La compra se adjudicó el 28 de setiembre pasado, tras invitar a un único oferente seleccionado por Bomberos.
El contrato recayó en un consorcio de las empresas brasileñas Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y Bem Estar, que ofreció $13,8 millones, el monto más alto del estudio de mercado. Ninguna registra ventas de ambulancias a instituciones en Costa Rica.
En cambio, Bomberos descartó a dos compañías nacionales, AutoStar Vehículos S. A. y Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A., pese a que ambas tenían adjudicaciones previas para suministrar estos vehículos. La institución justificó su exclusión porque propusieron entregarlos en 240 días, frente a los 100 días ofrecidos por SGSV.
AutoStar cuestionó el procedimiento mediante un incidente de nulidad, en el que alegó presuntas irregularidades. Entre ellas, señaló que el cartel exigía acreditar la fabricación de al menos 200 ambulancias para cinco clientes durante los dos años anteriores. Sin embargo, la certificación del consorcio consignaba operaciones con solo dos clientes, aunque sumaban 210 unidades.
Bomberos rechazó tramitar el recurso por considerarlo extemporáneo.
La brasileña SGSV tiene registrados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) 124 bienes y servicios, principalmente relacionados con software, pero ninguno corresponde a la venta de vehículos de emergencia.
Entre sus representantes legales figura Igor Oliveira Roquim, quien también representó a un consorcio adjudicatario de un contrato para suministrar tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia y Paz.
Otros contratos de SGSV en Costa Rica incluyen el alquiler de equipos para una estación de tráfico marítimo y servicios de detección de fugas de agua, actividades distintas de la venta de ambulancias.
