El 28 de octubre la presidenta Laura Fernández ordenó archivar la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y destituyó a la ministra de Comercio Exterior.
Cuatro años de negociación, más de un centenar de encuentros de alto nivel y, en mayo pasado — a pocos días de terminar la administración anterior —, un presidente Chaves exultante congratulándose del cierre de la negociación terminaron en un mensaje de tres minutos.
La razón invocada fue el secreto. Es un argumento curioso en boca de quien integró el gabinete que autorizó y condujo esa negociación, y con un ministro de la Presidencia que, dos días antes de dejar el poder, la calificó de noticia extraordinaria.
El “Gobierno de la continuidad” discontinúa así la obra comercial más ambiciosa de su antecesor.
Conviene separar dos cosas. Que los textos de una negociación sean reservados hasta su revisión legal es práctica universal; que Comex — o, más justamente, el Ejecutivo — no construyera acuerdo interno ni presentara a los sectores estudios de impacto (como sí ocurrió en negociaciones anteriores) es una falla real. Pero el remedio a la opacidad era publicar el protocolo y enviarlo a la Asamblea Legislativa, que es donde una democracia decide qué hace con un tratado; no enterrarlo por decreto.
¿Qué se perdió? Conviene ser quirúrgico, porque las cifras agregadas del bloque — el 15% del PIB mundial, 600 millones de consumidores — exageran la novedad. Costa Rica ya tiene tratados con seis de los doce miembros; el acceso nuevo era a Japón — el único país del G7 con el que no tenemos acuerdo —, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam y Brunéi, y el comercio actual con ellos es pequeño.
Medir el acuerdo por los flujos de hoy es, sin embargo, el criterio equivocado. Su valor era de opción y de señal: la acumulación de origen entre trece economías para las cadenas de dispositivos médicos y electrónica; el anclaje de disciplinas modernas en comercio digital, compras públicas, empresas estatales y servicios, que es lo que un inversionista descuenta cuando compara destinos; y un seguro de diversificación cuando más del 40% de nuestras exportaciones van a un Estados Unidos que ya nos impuso aranceles.
Los ganadores
Los ganadores eran igualmente identificables, aunque menos ruidosos: dispositivos médicos, la agroindustria de exportación — piña, café de especialidad, jugos —, los servicios habilitados digitalmente y las zonas francas, que compiten por la misma inversión que Vietnam y Malasia, ambos miembros del bloque. Quedar fuera mientras ellos están dentro no es neutral: en una decisión de localización pesa dónde se acumula origen y bajo qué reglas se protege una inversión.
Se dirá que adherirse implicaba aceptar textos escritos por otros, con el margen de negociación reducido a las listas de acceso. Es cierto, y ese era precisamente el punto. Para una economía pequeña, importar disciplinas que no puede imponer — y que le cuesta sostener por sí sola — es el camino más barato hacia la credibilidad regulatoria; así se construyó el modelo, del tratado con Estados Unidos y el acuerdo con la Unión Europea al tratado con Singapur, el Acuerdo de Economía Digital y la OCDE. El Transpacífico era el eslabón siguiente de esa cadena, no una excentricidad.
Tampoco es exacto que el tratado nos condenara a competir sin preparación. La agenda que de verdad decide si un país exporta — puertos y aeropuertos, la logística, el costo de la electricidad, una protección social necesaria pero mal financiada, entre otros — no estaba en el protocolo ni aparece en la orden de archivarlo. Estaba pendiente con el tratado; sigue pendiente sin él, pero ya sin el reloj que la hacía urgente.
Activo reputacional
Había, además, un activo reputacional: estar a punto de ser el segundo país en adherirse después del Reino Unido — y antes que China, cuya solicitud sigue congelada — al club que hoy defiende el comercio basado en reglas. Precisamente porque esos beneficios no caben en una lista de desgravación son fáciles de sacrificar en política; no por eso dejan de existir.
Los sectores sensibles eran los previsibles: lácteos frente a Nueva Zelanda y Australia — los productores más eficientes del planeta, y sin subsidios —; carne bovina; arroz y café frente a Vietnam; hortalizas como la papa y la cebolla; azúcar.
Son actividades de escala pequeña, volcadas al mercado interno, con protección arancelaria alta y golpeadas por un colón fuerte, costos crecientes y un puerto de Caldera colapsado. Según cifras esgrimidas en el debate, producir un kilo de leche en polvo cuesta en Nueva Zelanda menos de la mitad que aquí; el dato puede que requiera comprobación, pero la dirección de la brecha no está en duda.
Que el agro temiera no era irracional ni ilegítimo: el propio tratado reconoce sensibilidades — Japón protegió su arroz, Canadá sus lácteos —. Comex sostiene que excluyó papa, cebolla, azúcar y pangasio y que obtuvo plazos largos para los lácteos; la Corporación Hortícola lo niega y habla de la negociación de contingentes arancelarios. Si lo negociado protegía lo suficiente era exactamente la discusión que debía darse con los textos públicos y una política de reconversión sobre la mesa.
Ahora se promete una agenda de acompañamiento al agro no exportador y medidas contra el contrabando: lo que debió acompañar al tratado, en lugar del tratado.
La economía política explica el desenlace mejor que la teoría del comercio. Un sector que pesa alrededor del 3% del PIB y el 8% del empleo, pero organizado y con pérdidas identificables, derrotó a beneficios difusos repartidos entre consumidores, exportadores y un futuro que no vota. Nada nuevo desde Olson; lo nuevo es que un gobierno que se declara liberal — y que, además, ha vendido la idea de ser fiel discípulo de la ortodoxia económica, de los mercados y de las instituciones financieras internacionales — cediera antes de dar la pelea.
Mapa electoral
El mapa electoral ayuda a entender por qué. Fernández ganó en todos los cantones de Guanacaste, Puntarenas y Limón — con 57,4%, 63,6% y 65,4% de los votos — y en Alajuela perdió sólo en Zarcero; en la Gran Área Metropolitana, en cambio, la oposición sumada la superó.
Ganadería, arroz, palma y lechería son, precisamente, la economía de esas regiones — con la excepción notable de la Cartago hortícola, que no le dio mayoría en ningún cantón —. Es difícil no leer el archivo como un pago a esa base (y a los temores de que deje de acompañarlo en las elecciones municipales): el oficialismo no abandonó al agro, abandonó el tratado para no inquietar a sus votantes, y la cuenta la pagará un consumidor urbano que mayoritariamente no lo votó.
¿Es esto un cambio en las grandes líneas de la política económica? Me temo que sí, aunque nadie lo haya anunciado. Desde los años ochenta el modelo costarricense descansa en tres pilares: apertura comercial — unilateral y negociada — con atracción de inversión, estabilidad macroeconómica y previsibilidad institucional.
El antecedente más cercano es el de Abel Pacheco con el TLC con Estados Unidos: lo firmó en mayo de 2004, lo mantuvo diecisiete meses en el congelador y lo envió a la Asamblea en octubre de 2005, al final de su mandato y sin impulsarlo; fue la administración Arias la que lo tramitó hasta el referendo de 2007. Congelar no es archivar: no encuentro precedente de un Ejecutivo que entierre un acuerdo ya negociado para revertir su propia obra.
Vacío en política fiscal
El giro comercial llega, además, acompañado de otra señal preocupante: un vacío en la política fiscal que conviene dimensionar.
La recaudación cae — el IVA cerró 2025 con su primera caída anual desde su creación en 2019 y 2026 arrastra un faltante cercano a ¢400.000 millones —; el presupuesto de 2027 trae, según la Contraloría, el mayor déficit de un presupuesto inicial en cinco años, 4,4% del PIB, con intereses que absorberían más de un tercio de los ingresos; la deuda subiría al 65,5% del producto al cierre de 2027 y el superávit primario que costó una década — sudor y lágrimas en la negociación — construir prácticamente desaparece.
La propia Hacienda proyecta que los ingresos crecerán menos que la economía hasta 2031. Eso no es un bache: es una trayectoria, y una trayectoria que exige ajuste.
Mientras tanto, la regla fiscal hace el trabajo que la política no hace. Con la deuda sobre el 60% del PIB, el gasto total no podrá crecer más de 4,08% en 2027, y la Contraloría advierte que podríamos permanecer en ese escenario siete años. Es una guillotina, no una estrategia: comprime por igual inversión pública y servicios, sin que nadie decida qué sobra y qué falta.
¿Y qué ha presentado el Gobierno? En julio, un plan de 24 medidas contra la evasión y el contrabando, una contención del gasto del 5% por decreto y un presupuesto extraordinario que recorta ¢167.000 millones frente a un faltante de ¢400.000 millones. En setiembre, dos proyectos: uno grava rentas pasivas en el exterior y otro reordena las exoneraciones y elimina, según su propio texto, el 1,78% del gasto tributario — alrededor de ¢36.000 millones, menos de una décima de punto del PIB —.
Las reformas de fondo, renta y Código Tributario, quedaron para febrero de 2027. Retenes en carretera y cruces con Sinpe Móvil son administración tributaria, no política fiscal; la lucha contra la evasión es, desde hace 30 años, el impuesto favorito de quien no quiere cobrar impuestos.
Lo singular es que esta vez no existe la excusa de siempre. Pueblo Soberano tiene 31 de 57 diputados — la primera mayoría absoluta en décadas — y controla el Directorio y la Comisión de Asuntos Hacendarios; una reforma tributaria o del gasto es ley ordinaria y bastan 29 votos.
El gobierno que aprobó la reforma de 2018 tenía diez diputados y la sacó adelante negociando con la oposición; este, con 31, no necesita negociar con nadie y aun así no la emprende. Repite que no habrá nuevos impuestos, lanza la idea de gravar la canasta básica sin esquema de compensación ni proyecto, atribuye la caída de ingresos a una rebaja del marchamo que el propio ministro de Hacienda, siendo presidente, no vetó, y pospone lo estructural a un futuro cómodamente lejano.
Ese ministro de Hacienda es a la vez ministro de la Presidencia y coordinador del gabinete económico — una concentración de poder sin precedente —: nunca un jerarca fiscal tuvo tanto control simultáneo sobre el presupuesto y sobre la Asamblea. Que con esos instrumentos el resultado sea un plan contra el contrabando indica que el problema no es de capacidad sino de voluntad. El ajuste tiene costos concentrados y visibles, y este proyecto político ha mostrado — también en el Transpacífico — que no está dispuesto a pagarlos.
Un ajuste real no es misterioso, aunque sea impopular: revisar el gasto por programas y no con tijera lineal, cerrar las exoneraciones que no se justifican — el gasto tributario ronda el 4% del PIB —, ampliar la base del IVA con compensación focalizada y discutir con seriedad una carga tributaria que ni hoy ni en la proyección oficial alcanza para el Estado que tenemos. Nada de eso está en la corriente legislativa.
Los dos frentes se parecen: política económica decidida por anuncio, al compás de la reacción del día, con la previsibilidad como daño colateral.
Las consecuencias
Las consecuencias dependen de cómo se lea el giro. Si se percibe — y todo invita a leerlo así — como respuesta a objetivos políticos de corto plazo o a intereses organizados, el costo no se limita al agro ni al comercio exterior.
En lo interno, la inversión de largo plazo descuenta ante todo la estabilidad de las reglas. Un tratado desechado por mensaje televisado tras la movilización de un grupo de presión enseña a cualquier inversionista que los compromisos del Estado costarricense son revocables, y a cualquier gremio que la intensidad rinde más que los argumentos. El primero cobrará una prima de riesgo; los segundos volverán por más. Pierden, como siempre, los consumidores que pagan la leche y el arroz más caros y las mayorías difusas que no tienen en frente una cámara y, menos aún, un megáfono.
En lo externo, doce gobiernos invirtieron capital político en esta adhesión — Perú presidió el grupo de trabajo — y Costa Rica se retira después de concluir, mientras otros, Argentina entre ellos, anuncian su intención de pedir el ingreso. No conozco precedente en el bloque. La credibilidad como socio es el activo con que un país pequeño compensa su falta de poder; dañarla encarece cada mesa futura, de la relación arancelaria con Estados Unidos a la modernización de los acuerdos vigentes.
Es razonable esperar que las calificadoras y los inversores externos, que ya observan el deterioro fiscal, sumen la imprevisibilidad de la política a su lista (no en vano el apelativo de “jaguar” surgió del mercadeo de un banco de inversión y se basó no sólo en el ajuste fiscal de 2018 sino, sobre todo, en el impresionante desempeño de nuestro sector externo).
Y el momento es el peor. La economía crece 2,2% interanual a agosto, 3,4 puntos menos que un año atrás; las zonas francas, motor de la década, apenas avanzan 0,7%; los organismos internacionales prevén para 2026 el menor crecimiento de Centroamérica y un desempleo cercano al 7%. La Encuesta Nacional de Hogares de esta semana lo confirma del lado de las familias: el ingreso promedio de los hogares cayó 3,8% en 2026 — la primera caída real en tres años —, el ingreso salarial 3,2% y el del decil más pobre entre 5,7% y 7,7% según la zona.
Cuando la coyuntura deja de acompañar, un proyecto político que ha hecho del gesto su método tiende a multiplicarlos. Eso es lo que este episodio podría sugerir: no un tratado menos, sino un Estado que gobierna por reacción justo cuando más necesita anclas.
Peligrosos síntomas de populismo, sin duda, y en el peor de los escenarios: cuando la coyuntura macroeconómica no acompaña el discurso. Esperemos que no escalen al que parecería ser el siguiente candidato al contagio: la política monetaria que conduce un banco central independiente.
Comex falló en el proceso; eso es cierto y debía corregirse. Pero la transparencia se repara publicando y debatiendo, no archivando. Un país que exporta $26.000 millones a 160 destinos — la cifra es de la propia presidenta — no puede dejar su política comercial al humor de la coyuntura.
La credibilidad es el único insumo que una economía pequeña no puede importar; y, a diferencia del arancel, una vez perdida no tiene plazo de desgravación.