El Gobierno podrá incrementar el gasto en el Presupuesto Nacional de la República del 2026 gracias a un resultado fiscal que permitirá flexibilizar rubros que hasta ahora tenían limitaciones. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó a La Nación en qué áreas se concentraría el mayor desembolso en medio de un año electoral.
Acosta afirmó que, aunque aún es temprano para definir los destinos que recibirán más recursos, el gasto social será “el mayor beneficiado”. Para el 2026, se prevé un aumento de recursos para educación, seguridad, salud, infraestructura y salarios del sector público, explicó el jerarca.
Lo anterior obedece a que una estimación del Ministerio de Hacienda proyecta que la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) cayó por debajo del 60% en el 2024, situándose en un 59,8%, según el Informe de Política Monetaria hecho por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). En consecuencia, para el presupuesto del 2026, que se debe aprobar este año, el Gobierno podrá planificar su gasto con base en un escenario menos restrictivo de la regla fiscal.
La regla fiscal es un mecanismo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018, que limita el crecimiento del gasto en función de la situación económica y el nivel de endeudamiento del país. Según esta norma, cuando la deuda del Gobierno baja del 60% del PIB, el gasto corriente (que incluye costos como salarios y pagos de deuda) no podrá crecer más del 75% del promedio del crecimiento del PIB en los últimos cuatro años.
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Actualmente, bajo un escenario más restrictivo, el gasto total (corriente y de capital, o sea, en inversiones como infraestructura o equipos) no podía superar el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal en el mismo período, lo que imponía mayores limitaciones.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, señaló que, al flexibilizarse el gasto corriente, el Gobierno tendrá margen para invertir más en infraestructura, así como en salarios públicos y ajustes en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
“El aumento del gasto podría darse incluso en 2025 mediante un presupuesto extraordinario, aunque sería un ajuste significativo. Es probable que el Ejecutivo busque destacar en los últimos años de su administración, destinando más recursos a áreas que han estado congeladas, como los salarios”, comentó Villegas.
La regla fiscal se define por dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB nominal y el crecimiento promedio del PIB nominal en los cuatro años previos a la formulación del presupuesto.
Para el presupuesto del 2026, se utilizará el promedio del 2021 al 2024. Según datos del PIB nominal del BCCR publicados al 10 de agosto, el crecimiento de la producción de los últimos cuatro años es de un 7,75%. De ser así, en el escenario más flexible de la regla al que se entraría, el gasto corriente podría crecer un 5,81% para el presupuesto del 2026.
Crecimiento económico facilita mayor gasto público
El Informe de Política Monetaria (IPM), de enero del 2025, publicado por el BCCR el 31 de enero, proyecta que la deuda del Gobierno Central cerró el 2024 en 59,8% del PIB. Para el 2026, se prevé una reducción adicional de un punto porcentual, para alcanzar el 58,8%.
Róger Madrigal López, presidente del BCCR, destacó en la presentación del IPM que diversos factores contribuyen a la reducción de la deuda en relación con la producción. Entre ellos, subrayó que el Ejecutivo mantuvo superávits primarios durante varios meses, aunque disminuyeron gradualmente al cierre del año pasado.
“El superávit primario es el saldo que queda tras restar los gastos gubernamentales, sin incluir el pago de intereses, al total de ingresos. Como hay un excedente, el Gobierno puede abonar a los intereses e incluso reducir parte del saldo de la deuda. Esto es positivo porque implica que no es necesario emitir más deuda para cubrir intereses”, explicó Madrigal.
Tanto Madrigal como Villegas coincidieron en que los buenos resultados fiscales derivan de la reforma fiscal aprobada en 2018. El exministro añadió que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudó al país a mantener disciplina fiscal mediante las metas establecidas para recibir desembolsos del organismo.
Acosta coincidió en que varios elementos favorecieron el actual escenario. Entre ellos, indicó que la estabilidad del tipo de cambio contuvo el crecimiento de la deuda pública contratada en dólares, mientras que la expansión de la economía nacional en un 4,3% permitió disminuir la relación deuda-PIB. Cuando el PIB crece a un ritmo mayor que la deuda, el porcentaje de esta en relación con la producción total se reduce.
El ministro también atribuyó la mejora a la menor necesidad de financiamiento gracias a la recaudación de impuestos en el último trimestre del año pasado. Además, resaltó que la gestión de caja en Tesorería Nacional permitió “prefondear” recursos a finales del 2024, reduciendo la necesidad de nuevas emisiones de deuda.
Gobierno debe mantener disciplina fiscal para evitar retrocesos
El exministro Elian Villegas advirtió de que el gobierno debe evitar errores en su objetivo de consolidar la mejora fiscal, lo que implica continuar reduciendo la deuda como porcentaje de la producción. El riesgo, según señaló, es que el nivel de endeudamiento sigue cercano al 60%, umbral que volvería a restringir el crecimiento del gasto público si se supera nuevamente.
“No es que sacamos un 100 en este examen”, expresó Villegas sobre la reducción de la deuda. “Cualquier descuido podría devolvernos a un escenario menos flexible, afectando la credibilidad del gobierno”, advirtió.
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Según el exjerarca, si la deuda baja del 60% este año, pero vuelve a subir en el futuro, los inversionistas exigirían mayores rendimientos para financiar al Estado, y las agencias calificadoras de riesgo podrían percibir al país como un mercado con resultados fiscales inestables.
No obstante, el BCCR no prevé que el gobierno desvíe su rumbo fiscal durante este y el próximo año. El IPM estima que el gasto total y el primario (excluyendo intereses) crecerán, en promedio, un 3,7% y 4,2%, respectivamente, en el bienio de 2025 y 2026.
El pago de intereses, por su parte, comenzará a reducirse en el 2025 y representará un 4,6% del PIB, bajando al 4,4% en el 2026. Esta disminución responde a la generación de superávits primarios y a menores tasas de interés en la colocación de deuda, impulsadas por mejoras proyectadas en la calificación crediticia del país.