El Gobierno de la República presentó este viernes el proyecto de ley del Presupuesto Nacional del 2025 ante la Asamblea Legislativa, por un monto de ¢12.397.486 millones. El plan de gastos presenta una reducción del 1,93% en comparación con el presupuesto ordinario del 2024, que fue de ¢12.641.503 millones.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, precisó que se prevé que el 37,6% del financiamiento de este presupuesto, equivalentes a ¢4.666.920 millones se haga por medio de endeudamiento, mientras que otro 62,4% (¢7.730.566 millones) sea por medio de ingresos corrientes.
Del total del presupuesto, 44,3% se dedicará al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública; el 26,6% para transferencias corrientes y de capital a diversas instituciones del Estado y el 23,4% para pago de remuneraciones.
“El ahorro en el presupuesto se da porque el país ha venido pagando deuda. El presupuesto se disminuye en ¢244.000 millones, particularmente en amortizaciones”, indicó Acosta. En cifras nominales, el dinero para pagar el servicio de la deuda pública disminuyó en ¢276.423 millones, equivalentes a un decrecimiento del 4,8%.
Las amortizaciones son pagos que el Gobierno debe hacer para devolver el capital de las deudas que ha adquirido, tanto en el mercado interno como en el externo. En el 2025 corresponden a ¢2.940.956. Si se resta esta cifra, el presupuesto total sin amortizar es de ¢9.456.530, con un aumento de 1,04% respecto al 2024.
Después del pago del servicio de la deuda, el Ministerio de Educación Pública (MEP) es la institución que más porcentaje del presupuesto abarca, con 20,8% del total del plan 2025 (¢2.581.383 millones), lo que equivale a 4,9% de la producción estimada para ese año.
Acosta defendió que si se excluyera el pago de servicio de la deuda, el 37% del presupuesto se destina a educación, lo que le corresponderá a la Asamblea Legislativa distribuirlo.
Durante el acto de entrega del proyecto, Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, manifestó que espera un presupuesto “balanceado y equilibrado”, donde se haga frente al pago del servicio de la deuda y a la inversión social.
La diputada liberacionista catalogó como “preocupante” que no se le diera prioridad en la presentación al sector de educación. “Esperamos que lo que hemos venido detectando como el debilitamiento de infraestructura, transporte, becas y comedores venga debidamente fortalecido”, opinó.
En cuanto a gastos, detrás del rubro del MEP siguen los pagos al régimen de pensiones con cargo al Presupuesto y el Poder Judicial, que abarca el 8,8% del plan (¢1.093.521 millones). Estos decrecieron 8,7% en comparación con lo presupuestado hasta el momento para este año. En tercer lugar se encuentra el Poder Judicial, con 4,7% del presupuesto (¢579.271 millones).
Aunque el Presupuesto Nacional se redujo, para este 2025 la regla fiscal impuso un límite del crecimiento del gasto del 3,75%. Según explicó Nogui Acosta, la asignación para cada institución se realiza con base en el promedio de lo ejecutado a las instituciones durante los últimos tres años.
Para el cálculo del presupuesto, el Ministerio de Hacienda utilizó un tipo de cambio de ¢517 por cada dólar, con base en una estimación realizada por el Banco Central. Acosta explicó que en el apartado de intereses del plan de gastos se debe incorporar un elemento de riesgo cambiario, para el cual utilizó un precio de ¢550 por dólar.
‘Poco espacio para gasto’
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, calificó como positivo el hecho de que el Gobierno cada vez recurra menos al endeudamiento para financiar el presupuesto de la República. “Me alegra que se avance en la dirección correcta, reduciendo la captación para cubrir los gastos”, afirmó.
Desde 2022, el porcentaje del presupuesto financiado mediante endeudamiento ha mostrado una tendencia a la baja. En 2021, el 54,23% del presupuesto se cubrió con deuda, mientras que el 45,77% se financió con ingresos corrientes. Arias subrayó que la necesidad de endeudamiento para 2025 es más de un punto porcentual inferior a la establecida en el presupuesto de 2024.
No obstante, el diputado liberacionista advirtió de que el alto porcentaje del presupuesto destinado al servicio de la deuda estatal sigue siendo un problema, pues deja “poco espacio para el gasto”. “Enfrentamos un problema estructural significativo; el 44% del presupuesto se destina al pago de la deuda, lo que limita considerablemente los recursos disponibles para otros gastos”, enfatizó.
Arias también rechazó la idea de que este presupuesto pueda generar “una Costa Rica más próspera, justa y equitativa”, como defendió Nogui Acosta al inicio de su presentación. Consideró que, debido a la rigidez del gasto y las prioridades del Gobierno, los objetivos fiscales se están alcanzando a costa de una significativa reducción en la inversión social.
“El impacto en los programas de educación, salud y asistencia social es insostenible. Es urgente que este presupuesto establezca metas claras y se dé mayor prioridad a la inversión social”, advirtió.
Gobierno proyecta enfriamiento de mejoras fiscales
Durante su exposición, el ministro de Hacienda indicó que para 2025 el Gobierno de la República proyecta un superávit primario del 1,5% del PIB, comparado con el 1,8% estimado para el cierre de este año. Asimismo, se prevé que el déficit fiscal, que incluye el pago de intereses, se mantenga en -3,3% del PIB, al igual que lo proyectado para 2024.
Acosta explicó que el déficit financiero permanecerá estable en parte debido a la disminución del servicio de la deuda como porcentaje del PIB. Sin embargo, destacó que algunas leyes aprobadas por el Congreso, como la reducción del marchamo, han afectado la recaudación fiscal, impactando los resultados de Hacienda al disminuir los ingresos tributarios.
“Si tenemos menos intereses, el mismo gasto, y no tenemos aumento en los ingresos, se reduce el superávit primario. Eso es lo que estamos teniendo. La economía crece más lentamente, pero también los diputados aprueban leyes que tienen un impacto desde el punto de vista fiscal”, concluyó.
