La deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢31,3 billones al 31 de diciembre de 2025. De ese monto, el 45% estaba concentrado en un sector, convirtiéndose en el principal acreedor del gobierno.
Se trata de los fondos de pensiones complementarios y básicos que, en conjunto, registraron un saldo invertido en títulos del gobierno de ¢13,97 billones.
El resto de la deuda emitida por el Ministerio de Hacienda, por un saldo de ¢17,33 billones, estaba en manos del sistema financiero (bancos, financieras, cooperativas, mutuales, fondos de inversión, y aseguradoras, excepto el INS), sector financiero no bancario, sector público, no residentes, y acreedores externos bilaterales y multilaterales.
De acuerdo con información publicada por los fondos de pensión, unos ¢11,97 billones del total de la deuda del Gobierno Central a diciembre de 2025 estaba en manos de las operadoras de pensión complementaria (OPC), así como los regímenes de jubilación del Poder Judicial y de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
A ese dato hay que sumarle las inversiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que también posee instrumentos de Hacienda, sin embargo, el último dato disponible corresponde a mayo de 2025.
Según los estados financieros del IVM, a esa fecha, las inversiones del régimen en Hacienda eran de ¢2 billones, lo cual implica una reducción con respecto a los ¢2,12 billones reportados un año antes.
“En relación con la concentración de las inversiones, se observa que la cartera mantiene una exposición elevada y creciente en la inversión en el sector público, para el 2024 el porcentaje invertido era de 89,44% y en el 2025 llegó al 90,81%, específicamente en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central de Costa Rica”, señala un informe de la Superintendencia de Pensiones (Supén) sobre el IVM.
Las inversiones de las OPC
De los fondos de pensión analizados, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es el que tiene la inversión más elevada en instrumentos del Ministerio de Hacienda.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), el monto invertido era de ¢6,63 billones en 2025, esto implica una caída respecto a los ¢6,64 billones de 2024.
Adicionalmente, las operadoras de pensiones también tienen invertido parte de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en bonos de deuda del Ministerio de Hacienda. El monto pasó de ¢392.720,7 millones en 2024 a ¢393.327,5 millones en 2025.
Las OPC también invierten recursos de las pensiones voluntarias en instrumentos de Hacienda, sin embargo, para este artículo no fueron considerados.
Róger Porras, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), indicó que el mercado de valores de Costa Rica presenta una oferta de instrumentos relativamente concentrada, donde el Ministerio de Hacienda representa aproximadamente el 81% de las emisiones de bonos disponibles en el mercado local.
“En lo que respecta a la inversión en el Ministerio de Hacienda, el valor nominal ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años, llegando prácticamente a duplicarse la exposición de la industria a este emisor, al pasar de ¢4,38 billones a ¢8,66 billones (junio 2026)”, agregó Porras.
Además, recordó que el régimen de inversión de los fondos de pensiones establece un límite máximo del 50% para las inversiones en el extranjero. En este contexto, los títulos del Ministerio de Hacienda constituyen una parte de las opciones de inversión disponibles.
“Esta situación probablemente se mantendrá mientras no se amplíe el límite para invertir en el exterior o se desarrollen nuevas alternativas de inversión en el mercado local (...) Ello contribuiría a fortalecer la diversificación de los portafolios y a reducir la concentración de las inversiones”, apuntó Porras.
Otros fondos de pensión como tenedores
En los estados financieros auditados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se indica que el valor facial de las inversiones en Hacienda alcanzó los ¢545.824 millones en 2025, un 10,4% más que los ¢494.518 millones de 2024.
Según indicó la Junta Administradora del fondo, en los últimos años ha venido realizando esfuerzos para reducir gradualmente la concentración de la cartera en títulos valores del sector público en general.
En particular, se señaló que, al cierre de 2025, las inversiones en títulos del Ministerio de Hacienda ascendían a aproximadamente el 62% del portafolio frente al 69% existente en 2021.
“Este proceso responde, entre otros factores, a los cambios regulatorios establecidos en el Reglamento de Gestión de Activos de la Supén (mismo que es de acatamiento obligatorio para este régimen básico del primer pilar), el cual dispone la disminución anual de un 1% en el límite máximo permitido de exposición al sector público, hasta llegar al 60% en el año 2043″, explicó la Junta Administradora.
Adicionalmente, desde el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se destacó que una de las principales limitaciones de mantener una parte importante de la cartera invertida en títulos del mercado local es la elevada concentración en instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
“Esta situación reduce las alternativas de inversión disponibles a nivel nacional y genera una dependencia de las condiciones de mercado definidas por este (mercado cautivo)”, agregó.
Por su parte, según los estados financieros del Régimen de Capitalización Colectiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), al 31 de diciembre de 2025 el total de las inversiones ascendía a ¢5,7 billones.
El valor de mercado de los instrumentos del Ministerio de Hacienda fue de ¢4,40 billones al cierre de 2025. Un año antes, el dato había sido menor: ¢3,95 billones.
Más tenedores de deuda
A diciembre de 2025, según los datos del Ministerio de Hacienda, el sector público concentraba ¢6,58 billones de la deuda del Gobierno Central.
Otros tenedores relevantes son los acreedores externos bilaterales y multilaterales.
De acuerdo con los datos de Hacienda, las obligaciones financieras que el Gobierno Central mantenía con ellos al 31 de diciembre del año pasado llegó a ¢4,25 billones.
Los datos muestran que, en los últimos años, creció el monto adeudado por el Poder Ejecutivo con organismos internacionales. En el 2023, el saldo era de ¢3,61 billones y en 2024 de ¢3,98 billones.
Los bancos públicos y los privados también acapararon parte importante de la deuda total.