La importancia de conocer quiénes son los propietarios de esos recursos cobra relevancia en medio de la disputa que mantienen la Unidad de Asesoría Legal de la Tesorería Nacional y el Ministerio de Hacienda sobre cuál órgano debe administrar la liquidez del Estado y los instrumentos financieros de corto plazo.
Ese conflicto se analiza en el expediente 26-003257-1027-CA, que tramita a raíz de una medida cautelar interpuesta por dicha dependencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y del cual tiene copia La Nación.
En el proceso, dos funcionarios de la Unidad de Asesoría Legal de la Tesorería pretende dejar sin efecto dos oficios mediante los cuales el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina, le ordenó abstenerse de ejercer funciones relacionadas con la deuda de corto plazo y la gestión de liquidez, al considerar que esas competencias corresponden ahora a la Dirección General de Gestión de Deuda Pública.
Según explicó a La Nación Francisco Saborío, uno de los abogados de la Unidad de Asesoría Legal que interpuso la medida cautelar, esta interpretación vulnera la jerarquía normativa y pretende subordinar, sin sustento jurídico, a la Tesorería Nacional a una dirección adscrita al despacho del viceministro de Egresos, reduciéndola a un mero pagador sin control sobre los recursos del Estado.
En ese contexto, puede surgir la siguiente duda: ¿cuánto dinero se encuentra allí y a quién le corresponde?
La Caja Única del Estado administra recursos en colones, dólares y euros, aunque la mayor parte se concentra en las dos primeras monedas.
En el caso de los fondos en colones, el sistema Tesoro Digital del Ministerio de Hacienda registra un saldo de ¢1,4 billones distribuidos en distintas cuentas del sector público, al 2 de julio del 2026.
El mayor monto corresponde a las instituciones sin fines de lucro del Gobierno Central, con ¢580.510 millones. Le siguen el Gobierno Central, con ¢191.117 millones, y las sociedades públicas no financieras, con ¢165.712 millones.
Dentro de la categoría de instituciones sin fines de lucro del Gobierno Central, el mayor saldo corresponde al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), cuyos recursos por concepto de superávit y fondo de trabajo suman ¢295.007 millones.
Otra entidad con una importante disponibilidad de recursos es el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que registra ¢67.261 millones.
En el Gobierno Central, los mayores montos los concentran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), con ¢94.301 millones, y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), con ¢20.364 millones.
Por su parte, entre las sociedades públicas no financieras, la Junta de Protección Social (JPS) concentra el 55,3% de los recursos de esa categoría, equivalentes a ¢91.657 millones.
Gobierno Central concentra la mayor cantidad de dólares
En las cuentas en dólares, el sistema reporta que el Gobierno Central concentra la mayor parte de los recursos. De los $664 millones registrados, $233 millones −equivalentes al 35% del total− pertenecen a esa categoría.
Dentro de ese grupo, el ICD y la CNE registran, al igual que las cuentas en colones, los mayores saldos, con $94 millones y $71 millones, respectivamente.
Las instituciones sin fines de lucro del Gobierno Central constituyen la segunda categoría con más recursos en dólares, al acumular $163 millones.
De ese total, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) concentra $70 millones, provenientes de distintas cuentas de ingresos, lo que equivale a cerca del 43%. Le sigue el Benemérito Cuerpo de Bomberos, con $50 millones.
Entre las sociedades públicas no financieras, los mayores saldos corresponden a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), con $76 millones, y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), con $66 millones.
En conjunto, esta categoría mantiene $145 millones en la Caja Única del Estado.
En cuanto a las cuentas en euros, el sistema del Ministerio de Hacienda registra un total de €1 millón. De ese monto, €344.522 corresponden al Gobierno Central y €656.818 a instituciones sin fines de lucro del sector público.
