Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), mostró su oposición al proyecto de ley que propone usar los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para pagar el anticipo de la jubilación del IVM, a partir de los 57 años.
La funcionaria consideró como “ilusoria expectativa” la propuesta de reforma legal, presentada bajo el Expediente 23.547, por parte del liberacionista Gilberth Jiménez Siles.
LEA MÁS: Caja permitirá adelantar pensión del IVM hasta 8 años, pero pagando más
Aguilar afirmó que la iniciativa desprotegería al trabajador en la vejez, al utilizar los recursos del régimen complementario obligatorio, y porque tendría un costo muy elevado para los afiliados.
Por ejemplo, afirmó que para una persona con una pensión mensual de ¢255.000, el adelanto de jubilación por cinco años, tendría un costo de ¢15 millones.
“Considerando que a la fecha los trabajadores no tienen en el ROP saldos tan elevados, no es posible cubrir con el ROP ese monto. Como referencia, los trabajadores de 57 años tienen, en promedio, ¢7 millones en su ROP, insuficiente para adelantar ocho años de adelanto”, afirmó Superintendente.
El proyecto de ley del verdiblanco propone una reforma a la Ley de Protección al Trabajador para que permita el adelanto de pensión pagando al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con el dinero acumulado en el ROP.
LEA MÁS: Trabajadores pagan hasta ¢105 millones al IVM para poder adelantar su jubilación
La legislación actual, vigente desde el 2000, solo permite que un trabajador, a partir de los 57 años, pueda anticipar su jubilación con dinero del fondo voluntario de pensión complementaria (RVP).
“Como ente técnico, la Supén llama la atención para que salvaguardemos las bases sobre las cuales se ha venido consolidando un régimen de pensiones multipilar de manera que, no es con soluciones cortoplacistas como se va a lograr una pensión digna para nuestros adultos mayores”, recalcó Aguilar.
La funcionaria también criticó la reforma normativa que prepara la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del IVM, para elevar la posibilidad de pagar el retiro anticipado de cinco a ocho años porque conllevará un costo elevado para los afiliados.
La jerarca subrayó que la medida es onerosa porque las personas deben hacerle frente a las cuotas que habrían cotizado, así como a los montos de pensión mensuales, además del aguinaldo y el pago del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
La CCSS prepara el cambio en las condiciones de pago por anticipar la jubilación porque, al elevarse la edad de retiro del IVM a partir de enero del 2024, el reglamento vigente impediría a un afiliado jubilarse a los 57 años usando los recursos de un fondo voluntario de pensiones. En los hombre la edad pasará a 65 años y en las mujeres, a 63 años, así que también sube la edad de referencia para el adelanto, que es de máximo cinco años.
La Superintendencia informó de que realizará un análisis para determinar los impactos del proyecto de ley y los nuevos cambios reglamentarios, en estudio en la Caja, de cara a la reforma aprobaba al IVM, en agosto del 2021, y que comenzará a regir el 11 de enero del 2024.
La entidad fiscalizadora también evaluará la posible afectación al régimen complementario de jubilación, obligatorio y voluntario, creado hace 23 años con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador.
