La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prepara una nueva reforma en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que permita a los trabajadores mantener el adelanto de la jubilación a los 57 años, pero con el cambio, el afiliado deberá pagar más al fondo para gozar de este beneficio.
Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Gerencia de Pensiones de la institución, confirmó a La Nación que alistan un cambio normativo que elimine la restricción de cinco años como máximo para anticipar el retiro siempre y cuando el costo se cancele con los recursos que la persona tenga ahorrados en su Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, que es un sistema voluntario de capitalización individual.
La modificación se realizará porque, a partir del 11 de enero del 2024 la edad de jubilación por vejez se eleva en el IVM lo cual tiene implicaciones en el anticipo de pensión permitida en la Ley de Protección al Trabajador.
“A partir de la entrada en vigencia de la reforma (en enero próximo), la estimación del anticipo para los hombres tomará como referencia los 65 años; y en el caso de las mujeres 63 años”, detalló Carrillo.
Entonces, una vez hecho el cambio, los hombres podrán adelantar el retiro pagando hasta por un máximo de ocho años, es decir, de los 57 años a los 65 años.
Actualmente, el adelanto es por cinco años porque los hombres pueden pensionarse a los 62 años; pero en enero del 2024, se eleva a los 65 años con 300 cotizaciones.
En el caso de las mujeres, el cálculo máximo para adelantar el retiro, pagando, serán seis años, de los 57 años a los 63 años que será la nueva edad de pensión a partir del 11 de enero del 2024. Hoy anticipan como máximo tres años, de los 57 años a los 60 años.
En específico la entidad autónoma reformará el Reglamento para la regulación de retiro anticipado por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte porque en las condiciones actuales obstaculizará, a partir de enero del próximo año, que un afiliado se jubile a los 57 años pagando.
Tal situación irá en contra del beneficio otorgado en la Ley de Protección al Trabajador. Hay que tener en cuenta que en la estructura jurídica, ningún reglamento está por encima de una ley.
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En las condiciones actuales, con cinco años como máximo de anticipación, en el 2022 hubo trabajadores que cancelaron al régimen administrado por la CCSS hasta ¢105 millones para poder adelantar su jubilación, según datos de la Gerencia de Pensiones.
Sin embargo, el costo promedio cancelado por un afiliado ascendió a ¢32 millones, el año pasado; mientras que, en el 2021, fueron ¢25 millones.
La información de la entidad autónoma muestra un ascenso relevante en la cantidad de personas que adelantaron la jubilación en el IVM pagando, cuando la Junta Directiva de la Caja empezó a discutir la reforma al régimen para favorecer su sostenibilidad.
El año pasado, 189 personas obtuvieron el beneficio mediante esta modalidad. En 2021 y 2020 fueron 119, en cada año; y en el 2019, fueron apenas 33 trabajadores.
Al cierre del 2022, el IVM contaba con 330.670 pensionados de los cuales el 57% eran por vejez.
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Así se calcula el adelanto
Además de contar con 57 años y un fondo de pensión voluntario, quien desee optar por esta modalidad de retiro debe contar con 360 cuotas acreditadas, es decir, 30 años de cotizar para el régimen básico.
Adicionalmente, el afiliado deberá contar con los recursos necesarios en su fondo de pensión voluntario para pagar el monto previsto por la Gerencia de Pensiones de la CCSS.
La ley dicta que la persona solo puede utilizar dinero de dicho régimen y su operadora de pensiones complementarias (OPC) es la que debe realizar la transferencia del dinero a una cuenta bancaria designada por la institución autónoma.
Ahora, ¿por qué el monto a pagar es de millones de colones? La respuesta está en la fórmula usada por la Caja para determinar el monto a cancelar.
Primero, el afiliado debe tener claro que el pago no corresponde a cotizaciones futuras, sino que la institución calcula el monto de pensión que recibirá la persona por el periodo de anticipo, incluyendo el décimo tercer mes.
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También estima la contribución del 13,75% que el IVM hace al Seguro de Salud por la atención médica de cada pensionado y los costos de la Caja por la administración del régimen de jubilaciones.
Entonces, una vez calculados todos los rubros, la entidad verifica la totalidad de meses que anticipará la persona y cuantifica el monto total a pagar.
Carrillo explicó que el monto es mayor cuando los salarios reportados son altos y si el adelanto es por muchos años.
“Es tomar los meses de pensión que se van a anticipar, el aguinaldo, el costo del aseguramiento en Salud y de costo administrativo. El costo puede ser alto, hay personas que han pagado ¢80 millones o ¢90 millones por adelantar”, apuntó.
El director de Pensiones aclaró que la cuantía mensual de pensión, para estimar el pago, será diferente si el afiliado hace el trámite antes de que entre a regir la reforma que eleva la edad de jubilación en enero próximo, o si lo hace a partir del día 11 de ese mismo mes.
La razón es que bajo las condiciones actuales, la fórmula para calcular la cuantía mensual es más favorable porque el monto mensual es el promedio de últimos 240 salarios reportados a la Caja, traídos a valor presente, es decir, 20 años de cotización.
Pero, a partir del 11 de enero próximo, el sueldo de referencia serán los mejores 300 salarios reportados, o sea, 25 años de toda la carrera laboral de la persona, traídos a valor actual.
Trámite especial
La Caja cuenta con un proceso especial para el retiro anticipado en el cual, entre los documentos, la persona debe entregar una constancia de su OPC del monto acumulado en su fondo voluntario .
Luego, la Gerencia de Pensiones hará el cálculo a pagar por el anticipo de la jubilación. En la normativa no se establece el tiempo en que la institución tardará haciendo el estudio.
Una vez hecho el informe, la Caja indicará al trabajador que gestione ante su OPC la transferencia de los recursos.
La operadora contará con un plazo máximo de 30 días naturales para hacer el traslado del dinero y, hasta cuando estén depositados, se empezará a dar la pensión al beneficiario.
En los últimos años, la mayoría de las personas que adelantaron la jubilación pagando eran funcionarios públicos, dijo Carrillo.
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