El gobierno británico presentó ante el parlamento un cóctel de medidas para relanzar la economía y atenuar la inflación. Entre las medidas están el congelamiento de las facturas energéticas, una baja de impuestos y desregulación en el sector bancario.
El paquete de la primera ministra conservadora Liz Truss, dado a conocer este viernes 23 de setiembre, puede tener efectos secundarios graves para las finanzas públicas de un Reino Unido al borde de la recesión y con una inflación en torno al 10%, un nivel máximo en 40 años.
Pero el ministro de Finanzas británico, Kwasi Kwarteng, espera dar alivio a las economías de los hogares y las empresas e “invertir el círculo vicioso del estancamiento”. “Durante la peor crisis energética en generaciones, este gobierno está al lado de la gente”, afirmó en el Parlamento.
La principal medida de este “mini-presupuesto”, tal como lo llamó, será el congelamiento de las facturas de energía durante dos años, con un ahorro de unas 1.000 libras $1.115) al año para un hogar medio.
En el caso de las empresas, el gobierno financiará casi la mitad de las facturas durante seis meses.
Los precios del gas y la electricidad se dispararon desde el inicio de la guerra en Ucrania, a raíz de las limitaciones en el abastecimiento de hidrocarburos procedentes de Rusia.
Millonario paquete
Kwarteng estimó en 60.000 millones de libras ($67.000 millones) el costo para los primeros seis meses de las ayudas energéticas anunciadas para los particulares y las empresas.
El costo total del paquete de medidas no fue divulgado, pero los economistas lo evaluaron en más de 100.000 millones de libras, y el banco Barclays habló incluso de 200.000 millones.
El ministro, anunció por otra parte, la anulación de un límite a los bonos para los banqueros, de 200% del salario anual hasta el momento, y una baja del porcentaje máximo del impuesto a las ganancias, de 45 a 40%.
“Necesitamos que los bancos internacionales creen empleos aquí (...) y paguen impuestos aquí en Londres, y no en París, Fráncfort o Nueva York”, afirmó, poniendo fin a una regla heredada de la Unión Europea.
En momentos en el mercado laboral británico sufre de una escasez de mano de obra, el acceso al ingreso mínimo (universal credit, en inglés) estará acompañado de obligaciones para algunas personas que trabajan menos de 15 horas semanales.
Esto podría incluir el hecho de “postular a un empleo, participar en entrevistas de reclutamiento”, según el ministerio de Finanzas, que quiere incitar a las personas mayores de 50 años a volver al mercado laboral, del que se fueron en grandes proporciones desde la pandemia, especialmente a raíz de enfermedades largas.
Kwasi Kwarteng advirtió también que el derecho a huelga va a tener un marco más estricto y limitado a los casos en los que las negociaciones salariales fracasaron, luego de que el anterior gobierno ya autorizase el recurso a la contratación de persona temporario para atenuar su impacto.
“Para los más ricos”
La propia Liz Truss reconoció que la política de su gobierno favorecerá sobre todo a los más ricos.
“En lugar de defender a la gente que trabaja, los conservadores protegen las ganancias de los gigantes de la energía”, que se beneficiaron en los últimos meses de la disparada de los precios de los hidrocarburos, acusó la responsable laborista para las finanzas, Rachel Reeves.
Reeves afirmó que las medidas en materia energética anunciadas por los conservadores serán financiadas con endeudamiento público, y por lo tanto sobre las espaldas de los contribuyentes.
La oenegé de lucha contra la pobreza Oxfam se refirió de su lado a una política “que es todo ganancia para los más ricos”.
Tras los anuncios, los inversores reaccionaron vendiendo los títulos de deuda británica, cuyo tasa de rendimiento a diez años subía a 3,84%, su nivel más alto desde 2011.
La libra, por su parte, cayó por debajo del umbral simbólico de $1,10 por primera vez desde 1985 y se acercaba a su mínimo histórico.
