La agencia Moody’s cuestionó al Gobierno Central de Costa Rica por el pago de deuda interna sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa, resaltó la alta dependencia en colocaciones de corto plazo y los creciente problemas del país para financiarse.
Para la calificadora, la cadena de eventos que llevaron al Gobierno a pagar vencimientos de bonos sin el consentimiento del Congreso y a solicitar un presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones “apunta a la falta de supervisión financiera y comunicación interna del gobierno costarricense”, informó a los mercados internacionales, en un comentario publicado este 13 de agosto.
"El problema (pago sin autorización) pone de relieve la falta de supervisión financiera adecuada de Costa Rica y la continua dependencia de la deuda a corto plazo, un factor de crédito negativo", argumentó Moody's en su informe.
Para la agencia estadounidense, la "crisis de pago de deuda" pone en evidencia la dependencia del Gobierno al financiamiento a corto plazo y los grandes desequilibrios fiscales que afronta el país.
“La secuencia de eventos apunta a la falta de supervisión financiera y comunicación interna del gobierno costarricense. Esto se suma a la debilidad de larga data en la configuración institucional de Costa Rica, donde cualquier intento de reforma fiscal en la última década se ha estancado debido al entrabamiento en la Asamblea Legislativa”, argumentó Moody´s.
El comentario de la agencia señala que el acortamiento de los vencimientos de la la deuda interna refleja un mercado local dispuesto a financiar cada vez menos los grandes los déficits fiscales del Gobierno.
Además, señaló que, en una comparación con los 15 países latinoamericanos evaluados, Costa Rica tiene la mayor proporción de deuda a corto plazo, seguido de Argentina.
"En medio de las continuas presiones de liquidez doméstica, esperamos que la alta dependencia del gobierno de Costa Rica en la deuda a corto plazo persista, lo que aumentará el riesgo de refinanciación en el futuro", señaló Moody´s.
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El pasado 31 de julio, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, reveló el problema de la falta de autorización del Congreso para pagar deuda a corto plazo.
En un presupuesto extraordinario se detalló que el hueco dejado por el Gobierno de Luis Guillermo Solís era de ¢600.000 millones en el Presupuesto 2018.
Posteriormente, Aguilar dijo ante los diputados que se vieron obligados a pagar ¢48.000 millones sin autorización ante un riesgo inminente de caer en un impago de deuda, lo cual hubiera sido peor.
Más adelante, la Contraloría General de la República destacó que las amortizaciones de títulos de la deuda sin contar con el necesario contenido presupuestario, al 31 de julio de 2018, fueron por un monto de ¢182.000 millones (¢48.000 millones de corto plazo y ¢134.000 millones de largo plazo).
