Hazel Valverde Richmond, gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), manifestó que la entidad pidió por error, a los cuatro grandes bancos comerciales, la información de la identificación de los depositantes dentro de la solicitud de datos de los deudores.
La jerarca reconoció un “error material” en la petición, este jueves, durante su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, a raíz de consultas realizadas por el diputado liberacionista, Francisco Nicolás, quien insistió en que se revelara los nombres los responsables.
“La petición (de información) se construyó entre varias personas, no puedo identificar quiénes cometieron el error material”, manifestó Valverde Richmond.
Ella agregó que el documento con el error iba en un archivo adjunto de más de 65 páginas. Recalcó que los datos pedidos ya los tenía el BCCR para el cálculo de la tasa básica pasiva, de ahí es que lo considere con una equivocación.
“Es un error material, en efecto, porque en 65 páginas se incluyeron todos los xml (un tipo de archivo) (...) El error consiste en que esa información (de depósitos) ya la teníamos”, dijo la funcionaria.
Tanto Nicolás como Andrea Álvarez, también verdiblanca, le consultaron por qué tardaron tanto tiempo en detectar el error, a lo cual la gerente dijo que no lo sabía.
El Banco Central pidió, en diciembre del 2022, al Banco Nacional, a BAC Credomatic, al Banco de Costa Rica y al Banco Popular la información sin anonimizar de sus clientes.
Pero fue hasta ocho meses después, en agosto de este año, cuando el BCCR se dio cuenta de la equivocación, recalcó Álvarez.
La funcionaria del BCCR brindó explicaciones a los diputados después de que previamente lo hicieran por dos ocasiones Róger Madrigal López, presidente del ente emisor, y la Junta Directiva de la institución.
Suspensión en la entrega
Valverde Richmond explicó a los diputados que, desde hace cuatro semanas, algunos bancos, de manera unilateral, decidieron dejar de entregar la información de las captaciones del público, sin anonimizar, lo cual puede tener un efecto en cálculo de tasas.
La jerarca recalcó que desde el 2016, las entidades financieras entregaban dichos datos para determinar la tasa básica pasiva (TBP), las tasas máximas de interés (tasas de usura) y las tasas activas.
“La tasa básica pasiva es la referencia de más de 750.000 créditos en el país, si está mal calculada podría tener un impacto fuerte en las finanzas de los hogares y de las empresas. Las tasas anuales máximas también es una tarea que se le ha encargado al Banco Central, hay más de 3,3 millones de créditos a los que se les establece tasas máximas a partir de la información que el Banco recolecta”, afirmó la gerente.
Ella agregó que el producto interno bruto cantonal de Costa Rica también se construye con base en la información a la cual tiene acceso el BCCR.
Denuncia en Fiscalía
En el caso de la denuncia contra Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la diputada Andrea Álvarez preguntó a la gerente sobre quién tomó la decisión.
“La denuncia se pone a partir de la valoración de la Asesoría Jurídica (del Banco) de qué corresponde hacer, a raíz de un incumplimiento de deberes por parte de la Sugef (...) en mi cargo, como gerente, me toca hacer el cumplimento de los acuerdos de la Junta”, explicó Valverde Richmond.
Ante esa respuesta, la liberacionista consultó: “¿En cuál acuerdo de la Junta Directiva se decidió lo de la denuncia?”. La funcionaria del ente emisor dijo que la decisión de la denuncia no debía ser tomada por un acuerdo de los directivos, pues ya se había incluido una advertencia en el acuerdo de Junta.
“El acuerdo (de noviembre de la Junta Directiva) tenía claramente la prevención de que, de acuerdo con la Ley del Sistema de Estadística Nacional, correspondía entregar la información, de lo contrario era un incumplimiento de deberes”, respondió Valverde Richmond.
Álvarez cuestionó que, del párrafo citado en el acuerdo, no se puede atribuir la decisión de acudir a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, la gerente la contradijo porque la interpretación de la Asesoría Jurídica del BCCR recomendó hacer la denuncia a partir de dicho párrafo y lo establecido en la legislación.
Al final de la comparecencia de Valverde Richmond, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron una solicitud formal para que la institución monetaria entregue el oficio de la Asesoría Jurídica, en el cual se recomendó la denuncia contra Aguilar Montoya.
Así como los nombres de las personas que participaron en la petición de información sobre deudores a los cuatro grandes bancos comerciales, donde se dio el “error material” de pedir datos de depositantes.
Nota del editor: Esta información fue actualizadas a las 4:15 p. m. con los detalles de la discusión sobre la denuncia interpuesta contra Rocío Aguilar.
