El estudio actuarial al fondo de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) propuso una serie de medidas para fortalecer al sistema porque actualmente es deficitario y no tiene solvencia en el largo plazo para pagar a los futuros jubilados.
En la Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al 31 de diciembre de 2022, presentada este jueves 12 de setiembre a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se propone elevar la cotización obrero-patronal y estatal de manera escalonada desde el 11,16% actual el 13,66%, en el 2038.
El Reglamento del IVM establece que la contribución llegará al 12,16%, en el 2029, con lo cual el ajuste propuesto es que la contribución suba en 1,5 puntos porcentuales. Eso implicaría que la reserva del fondo se agote en el 2050, en vez del 2047 tal como está previsto en este último informe.
“(El ajuste) conduce evidentemente a una mejora en la adecuación de corto plazo principalmente para esa década y a un impacto en el largo plazo”, se explica en el estudio.
Los actuarios de la Caja también recomendaron que, para la discusión de las nuevas reformas, se retomen recomendaciones hechas por sectores sociales o en otros estudios actuariales.
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Por ejemplo, se planteó la eliminación del retiro anticipado para las mujeres, tal como se hizo, desde enero pasado, con los hombres, que ahora solo podrán retirarse a los 65 años.
En el caso de las afiliadas, el reciente cambio hizo más riguroso el adelante de pensión, pues de 60 años se subió a 63 años. La valuación no estima cuál sería el impacto financiero para el sistema en caso de avalarse dicha opción.
Adicionalmente, se mencionó suprimir el subsidio al Seguro de Salud y que los jubilados asuman el pago para recibir atención médica en la Caja, tal como ocurre con los pensionados del Poder Judicial y el Magisterio Nacional.
El fondo del IVM subsidia la contribución del 5% sobre el monto de pensión de cada beneficiario del sistema, que actualmente tiene 372.671 pensionados. El estudio actuarial muestra que, para este año, la cuota ascenderá a ¢195.211 millones. El monto irá en ascenso, en los próximos años, conforme más personas se jubilen.
Para tener una idea, actualmente la cuantía mínima del IVM es de ¢153.192 al mes, lo cual implicaría que la persona debería aportar ¢7.659.
También se sugirió la opción de una redistribución de cargas sociales para redirigir algunos aportes patronales al IVM. Se mencionan la contribución del 5%, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf); el 1,5%, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); y el 0,5%, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Esta medida ya fue planteada por Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén). Al igual que la pensión básica universal. En el Congreso hay un proyecto de ley, presentado por Rodrigo Arias, la cual propone una manutención mínima que recibirá cada adulto mayor una vez que alcance la edad de retiro, sin importar si contribuyó o no a un sistema de jubilación.
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El estudio al IVM retomó la idea de discutir la pensión consumo, se trata de una iniciativa presentada hace más de una década atrás por el exdiputado Walter Coto. Esta iniciativa legal consiste en utilizar una porción de la recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para financiar los beneficios del fondo de pensiones.
Entre otras posibilidades señaladas está la de uniformar el porcentaje de cuantía básica de pensión. Actualmente, el reglamento del IVM establece que el monto mínimo del beneficio mensual es equivalente entre el 42% y el 52,5% del salario mínimo del trabajador en ocupación no calificada.
El porcentaje a recibir se establece con base en el promedio de salarios cotizados, en el cual los trabajadores con los mayores sueldos reciben el equivalente al menor porcentaje, y quienes reportaron sueldos menores en su vida laboral, el porcentaje mayor.
El reciente estudio actuarial también plantea la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento del Gobierno Central, aunque no se menciona cuáles.
La Supén lanzó, en mayo pasado, un plan para presentar en febrero del 2025 una serie de reformas para elevar la cobertura y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones.
Los cambios los propondrá un Comité Interparticipativo (CIP) integrado por 15 personas que lideran la discusión de las propuestas. Este grupo tiene representación de instituciones públicas, del sector laboral, de empresarios, de entidades regulatorias, de la industria de pensiones y de académicos.
