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José Luis Arce, economista. Foto Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)
Ocuparse de administrar la coyuntura inevitablemente distrae a los diseñadores de las políticas públicas, conduciéndolos a postergar las transformaciones de mayor aliento y envergadura.
Si, además, el talante de la discusión política y un marco institucional anticuado y capturado por grupos de interés cierran los espacios necesarios para una discusión constructiva y para el logro de acuerdos, la agenda de transformaciones termina condenada a un conjunto de medidas superficiales y de mínimos, no pocas veces mal diseñadas y generadora de incentivos equivocados.
Esta historia, que se ha repetido en muchos ámbitos, es particularmente cierta en el caso de las reformas a la red de seguridad de sistema financiero. Desde mediados de los años noventa son muy pocos los avances en su fortalecimiento y modernización.
Como parte del proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) parecieran abrirse algunos espacios para una discusión pausada y productiva sobre estos temas. Una señal positiva es el inicio de la discusión legislativa de reformas que crean un esquema moderno de seguro de depósito –adecuadamente financiado y con los incentivos correctos para ahorristas y bancos– y de resolución de los intermediarios financieros insolventes.
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Ojalá que el espacio de discusión permita abordar un tema urgente y que han sido postergado –o evitado– durante años: una reforma normativa e institucional profunda a la supervisión prudencial.
El marco legal e institucional de la supervisión financiera es anticuado y poco funcional. Las normas siguen estando pensadas para un proceso de supervisión de cumplimiento y no de gestión basada en riesgos, volviéndolos excesivamente legalistas y poco flexibles y, por lo tanto, fácilmente rebasados por la realidad del mercado.
Institucionalmente, el esquema de supervisores especializados por mercado, más allá de ser costoso presupuestariamente, deja de lado la vigilancia consolidada de los grupos financieros, crea espacios para el arbitraje regulatorio y sigue concentrándose excesivamente en los temas de solvencia y omitiendo los aspectos relacionados con la conducta de los participantes de mercado, la protección del consumidor de servicios financieros y el manejo de las exposiciones sistémicas.
Parece abrirse una oportunidad para cambios de fondo, ahora corresponde a las autoridades, los actores políticos y los grupos de interés mostrar que tienen la estatura para aprovecharla.
