La Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) expresó su preocupación por el intento de Visa y Mastercard de anular los límites a las comisiones en los pagos con tarjetas del extranjero, definidos anualmente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Mauricio Rodríguez, presidente de Cacore, afirmó que si se eliminan los topes y estas comisiones aumentan, los costos incrementarían tanto para los clientes extranjeros como para los nacionales, ya que no se pueden aplicar tarifas diferenciadas en estos comercios.
“Ellos aducen que son las tarjetas del extranjero, pero esto aplicaría también para los locales, porque no podríamos poner, discriminatoriamente, tasas diferenciadas para la gente extranjera y local. Le subiríamos precios a todo el mundo”, señaló Rodríguez.
Cacore representa a 500 empresas afiliadas, las cuales generan empleos directos a más de 8.000 trabajadores, según datos suministrados por la Cámara que fueron recabados a inicios del 2024.
Las empresas, dedicadas a facilitar las transacciones de pago con tarjetas de crédito y débito, demandaron por separado al Banco Central, solicitando la anulación de todos los reglamentos del Sistema de Pagos, entre los cuales se incluyen estas tasas. Mastercard ya desestimó la acción, pero la de Visa se mantiene en trámite.
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Actualmente, también se discuten dos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, cuyo propósito sería quitarle al Banco Central la potestad de definir las comisiones para los pagos transfronterizos.
Visa y Mastercard mostraron su respaldo a las iniciativas. Mientras, Cacore las cuestiona y el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) se opuso al que se tramita bajo el expediente 24.247, según un criterio del cual tiene copia La Nación, en el que afirman que la otra iniciativa (24.026) busca alcanzar el mismo objetivo.
Estas comisiones se aplican cuando una persona usa en Costa Rica una tarjeta emitida en el extranjero, como ocurre cuando un turista realiza un pago con una tarjeta de otro país.
Son estos topes los que generan desacuerdo entre las empresas, que consideran que tienen un alcance extraterritorial al argumentar que gran parte de la transacción se realiza fuera de Costa Rica.
Por su parte, el Banco Central se opone a estas iniciativas de ley, debido a que considera que podrían representar un incremento en los costos para las personas cuando realicen compras en los comercios.
El presidente de Cacore manifestó que antes de que entrara en vigor la regulación de las comisiones, en marzo de 2020, algunos comercios enfrentaban tasas de hasta el 12% por recibir pagos con tarjetas.
El representante del sector de restaurantes advirtió de que un eventual incremento en las comisiones por pagos con tarjeta incentivaría el uso de otros métodos de pago, como el efectivo.
“Un incremento en estas comisiones (de pago) representaría un aumento en el costo de la vida en general, porque ahora estamos usando las tarjetas en todo. Cacore se opone totalmente a cualquier variación”, manifestó Rodríguez.
MEIC también se opone
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) también expresó su oposición al Proyecto de Ley 24.247, que propone una interpretación auténtica del artículo tres de la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas (Ley 9.831).
En este proyecto de ley, presentado por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, se propone que el ámbito de aplicación de la normativa se circunscriba únicamente al territorio costarricense, es decir, que aplique solo a los proveedores con operaciones en Costa Rica.
En el criterio MEIC-DM-OF-408-2024, enviado a la Asamblea por el ministro Francisco Gamboa el pasado 17 de setiembre, la cartera se opuso a este proyecto y recomendó su rechazo, al considerar que el ajuste cambia el sentido de la regulación vigente.
En el documento, Gamboa también argumentó que la iniciativa de ley “va en perjuicio de los comercios y los consumidores”. Agregó que esto es contrario a los objetivos y al interés público perseguido con la emisión de la normativa 9.831.
En el escrito, el jerarca del MEIC afirmó que el otro proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente 24.026, busca alcanzar el mismo objetivo de la iniciativa propuesta por Carballo, que es el no regular las comisiones de intercambio transfronterizas.
La regulación de los topes por parte del Banco Central entró en vigor en marzo del 2020, con la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas (Ley 9.831), que otorga al ente emisor la potestad de fijar las comisiones de las transacciones con tarjeta.
